jueves, 1 de diciembre de 2011

A un año: Los comités en su laberinto

Este primero de diciembre cumplimos un año de haber iniciado funciones los casi mil 800 Comités Ciudadanos surgidos a partir de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y, si bien, no existe un parámetro que nos permita valorar por igual su desempeño y su mayor o menor incidencia en la calidad de las relaciones sociales comunitarias y en las posibilidades de participación ciudadana de los habitantes de las distintas colonias, barrios o pueblos de la ciudad, su presencia en el conjunto de la vida pública, sus circunstancias presentes y el estadio en que nos encontramos después de doce meses de actuación no les deja pasar –salvo en contadas excepciones- más allá de la organización a favor de un programa de gobierno o, lo que es peor, a favor de intereses particulares, políticos o inclusive partidistas.

Las apreciaciones por parte de las autoridades respecto a los Comités hasta la fecha son en sentido triunfalista y dadivoso. Lo primero, por el hecho de contar con grupos que, aunque organizados y orquestados desde la administración y que no representan una verdadera contraparte, suponen un gobierno incluyente que alienta la participación. Y lo segundo, porque les permite extender el despliegue demagógico de concesiones y beneficios a la población a través del acercamiento con quienes representan a las comunidades, poniendo nuevamente la cara amable de la inclusión como un logro en favor de la ciudadanía.

Pero, ¿qué hemos vivido hasta ahora los miembros de los Comités? ¿Cómo vemos la participación ciudadana? ¿Nos encontramos satisfechos por el avance o, de forma contraria, sentimos un retroceso en el respeto y valoración de la participación como forma de acrecentar la calidad de la ciudadanía? ¿En qué lugar colocamos a la participación surgida de forma autónoma en nuestras colonias u organizaciones naturales?

He de decir que tenemos principalmente una gran inquietud por el hecho de que se ha aceptado, como forma válida de materializar la participación ciudadana propia de las democracias modernas, esta forma estrecha, dirigida y manipulable que privilegia sobre todo la representatividad antes que la verdadera participación, y que se confunde bajo una organización aparentemente avalada por las comunidades.

Por su parte, los legisladores y las autoridades electorales en quienes ha recaído la organización de comicios para integrar esta representación, afirman que es sólo es cuestión de tiempo el que los Comités, los Consejos y el total de la Ley respectiva, puedan cuajar y pasar de lo posible a lo deseable, por lo que cualquier inconsistencia o desvío será poco a poco superada.

Ni lo uno ni lo otro. Quienes luchamos por una participación que verdaderamente dé forma a la inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno, encontramos que tanto la ley actual, constantemente modificada y parchada, así como la visión que la autoridad tiene de la ciudadanía participante, es contraria, si no perjudicial, a la creación de condiciones favorables para que cada vez más los ciudadanos encontremos canales de participación para la orientación del gasto público, para la expresión de nuestra voz en los programas de gobierno y para otorgar nuestra contribución en el diseño de las políticas públicas.

Antes que suponer un logro irrenunciable, los Comités representan un laberinto del que es urgente salir si no queremos permanecer en una simulación de participación que aleje cada vez más a los ciudadanos del interés por la cosa pública, al ver que sus vecinos son únicamente extensiones del poder en turno. Imprescindible es no continuar engañándonos y alimentando el dédalo de la demagógica participación, de cuyos vericuetos habremos de dar cuenta en ésta y las próximas entregas.

Recordemos que los Comités surgen de un proceso de elección guidado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, al que para darle certeza, legalidad, equidad y transparencia se le transfieren de forma automática los procedimientos rigurosos y exactos de las contiendas electorales constitucionales. O sea, desde aquí nos movemos en un entorno artificial y contrario a la naturaleza de la participación que habremos de describir en el apartado siguiente, pero que para el caso de este momento, lo señalamos como vericueto en el que el ciudadano se empieza a introducir y tergiversa su interés de cercanía y trabajo por la comunidad.

Cierto es que en términos del IEDF y de la Ley Electoral, estos procedimientos son consustanciales para cumplimentar los principios ya mencionados, pero se olvida que el ciudadano de a pié no cuenta con los recursos, ni las prerrogativas, ni los conocimientos técnicos para desarrollar estas tareas de burocracia, papeleo y formalismos procedimentales sin que le represente una pesada carga y un desvío de sus actividades cotidianas y, cuanto más, del tiempo que dedica a representar a sus vecinos o realizar tareas en pro de su comunidad.

En todo este año, y aún antes, a partir de la emisión de la convocatoria para integrar fórmulas (planillas), hemos acumulado una gran cantidad de papeles, actas circunstanciadas y un sinfín de documentos necesarios para validar una función que podemos realizar sin mayor requisito que el ejercicio de los derechos que nos concede la Carta Magna.

Cada modalidad de la participación, o más bien dicho, de la representación, se ve obligada a ir acompañada de actas, firmas y copias para ser llevadas e ingresadas a la Junta Distrital del IEDF, así se trate de una convocatoria a junta, una toma de decisiones, la toma de una responsabilidad, etc.

De verdad que no pocos son los Comités que están omitiendo el cumplimiento puntual con los procedimientos que señala la Ley. No se puede, a menos que se cuente con gente de tiempo completo, una asesoría especializada o un apoyo financiero, lo que pone en duda el interés de nuestros representantes.
Una participación orientada por el conocimiento técnico informado que permita emitir opiniones fundamentadas y válidas sobre los temas que interesan a la sociedad requiere desenmarañar el enredo burocrático que obliga a los Comités, en pro de un tiempo mejor aprovechado y sustancial para el beneficio de nuestro entorno y la construcción de verdadera ciudadanía.

Definición antes que todo
Volvemos a mencionar el hecho de que la Ley privilegia el sentido de representación antes que el aliento de la participación que involucre a cada vez más ciudadanos, por el hecho de acotar las prerrogativas a una estructura cerrada que determina funciones muchas veces por encima de la naturaleza organizativa de las comunidades. Este concepto de “participación” inicia por excluir al ciudadano que no se registra, aquel que no desea seguir los procesos burocráticos o que se anima a una participación circunstancial, o que guía a sus vecinos de forma espontánea en un deseo de participar ante casos de contingencias, abusos de autoridad, solicitudes de servicios, planteamiento de necesidades, etc.

Como dijimos anteriormente, la participación y organización social está protegida como derecho constitucional, así que cualquier traslación de la misma en términos de ley o reglamento debe necesariamente apelar al concepto amplio y universal de este derecho. Por eso, la concepción de participación manejada en la Ley de Participación actual nos empuja a perdernos en la confusión de un laberinto peligroso. ¿Hasta dónde se obliga a las autoridades a atender la participación? ¿Cómo establecer prioridades en las decisiones sin afectar los derechos de todos, eso es, de todos los ciudadanos? ¿Es que acaso adquieren autoridad sobre sus vecinos quienes sí se han registrado para participar? Todo esto a riesgo de contravenir derechos fundamentales que están por encima de leyes locales.

Sumado a lo anterior, resulta preocupante la adjudicación de atribuciones que en sus discursos se sueltan otorgando las autoridades a los Comités, como el hecho de nombrarlos “el cuarto nivel de gobierno”, “ojos y oídos de los gobernantes en las zonas territoriales” y varias adjetivaciones más que no encuentran sustento en la ley misma, y que, a menos que sólo sean una forma fácil y complaciente de congraciarse con una parte del electorado, nos hablan de una voluntaria e interesada ignorancia y distorsión sobre lo que es y debe significar realmente la participación ciudadana y que nos enreda más en el laberinto.

Cartografía y realidad social
Es necesario recordar también que esta representación, desde su inicio, se ubicó en un laberinto al determinar fronteras territoriales que en muchos casos no correspondieron a la conformación física de comunidades consolidadas o identificadas. Surgió entonces una lucha de identidades en contraposición: o soy de esta cuadra, o soy de esta manzana, o no correspondo a la barranca, o no tengo nada que ver con los de enfrente, etc.

La cartografía se basó en distritos electorales y en sumar un número conveniente de votantes, mas sólo en contados casos fue fiel a la dinámica de las redes comunitarias locales que influyen en una organización espontánea, libre y enriquecedora de la integración social. De origen, esta cartografía puso un coto a la participación que se alienta sobre todo por la experiencia e historia compartidas, la identificación de intereses y el trabajo colectivo con fines comunes.

La misma obligación burocrática legitimadora no dio espacio para que las comunidades se manifestaran al respecto porque, por las premuras para cumplir con los términos de la ley en aquel momento, se contó con sólo cuatro días para la integración y presentación de inconformidades, así que muchos ahora estamos representados precisamente por individuos que trasgreden la ley en contra de los intereses de los habitantes de nuestra colonia, o por personas con una realidad que me es ajena ante mis vecinos más próximos. O bien, tuvimos también que separarnos de quienes ya teníamos un camino común de entendimiento y resolución de problemas.

Quedan por describir otras estaciones más del laberinto en que nos encontramos los Comités Ciudadanos como instancia representativa, y el total del esquema de participación que opera actualmente, para saber si avanzamos o simplemente seguimos una inercia que poco puede contribuir a la conformación de una ciudadanía activa en el entorno democrático de nuestra ciudad.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Ciudadanía y capacitación

A todos nos queda claro que al arribar a una nueva función mucho ayuda el ponernos en contacto con la información adecuada que nos permita un eficaz desempeño y la toma de decisiones acertadas.

En el ejercicio de la ciudadanía esto es por demás valioso, sobre todo al reconocer que en nuestra educación formal escasean herramientas para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Basta preguntar en nuestro alrededor para confirmar cuan pocos adultos pueden explicar qué hace un diputado, qué Artículo de la Constitución protege el derecho a la libertad de expresión o si alguna vez han utilizado las garantías de acceso a la información pública.

Por eso es de destacar que la tarea que nos corresponde a los Comités Ciudadanos esté apoyada en la capacitación sistemática y que dicho aspecto se contemple en la Ley de Participación respectiva.

Sin embargo, no se debe asumir que este esfuerzo sea exclusivamente para quienes al momento formamos parte de un Comité. Primero porque el ejercicio de la ciudadanía corresponde a todos los ciudadanos, no es exclusiva de quienes nos apuntamos y fuimos electos. Como lo he venido diciendo, me opongo a que la naturaleza de la participación ciudadana sea tergiversada y se conciba en función de una representatividad que otorga derechos de voz y voto, de audiencia y de réplica a unos ciudadanos por encima de los derechos de participación directa del resto de la comunidad.

En segundo lugar, porque el tiempo de dicha representación es finito y al término de estos tres años, los ciudadanos ya capacitados, que además por ley no pueden volver a ejercer la función, pasarán la estafeta a otros ciudadanos que se encuentren probablemente en el nivel cero de conocimiento. ¿Dónde queda entonces la formación para la ciudadanía, aspecto que debe ser acumulativo para contar cada vez con mejores generaciones de ciudadanos?

En tercer lugar, es imprescindible reconocer que todos los ciudadanos de una comunidad son copartícipes en el desempeño de los comités, por un lado, porque la Ley contempla instancias de apoyo, como las comisiones de trabajo en temas diversos y la comisión de vigilancia, en las que se pretende que el resto de los habitantes de la colonia o pueblo participen de forma directa y, de manera un tanto indirecta, porque en un esquema de participación ciudadana democrática, todos debemos asumirnos como sujetos activos, críticos y vigilantes del quehacer público y para ello requerimos conocimientos.

Me permito apuntar un cuarto argumento cuya discusión da para mucho espacio más y sería interesante que se tocara en el debate sobre la participación que estamos llevando a cabo con los comités. Si pretendemos un desarrollo suficiente de nuestra democracia, es necesario promover el acceso a la información procedente del gobierno en condiciones de igualdad, equidad y oportunidad para todos los ciudadanos. Mi opinión es que la forma en que fue concebida la

función de capacitación para los comités perpetúa el difícil acceso a la formación de ciudadanía, reproduce la ignorancia general frente al tema de participación y continúa favoreciendo la sujeción del que sabe frente al que no sabe.

Aún así, es de apreciar que el Instituto Electoral del Distrito Federal, responsable por ley de la capacitación, está impartiendo los cursos de manera presencial y en línea, aunque muchos asistentes consideramos que la calidad y el nivel que otorgan no es del todo satisfactorio, sobre todo porque la realidad está con mucho superando las prescripciones sobre el tema.

Sin embargo, otras instancias de gobierno se han sumado a esta labor, pero lamentablemente diseñaron pedagogías sin reconocer la edad que tenemos ni las actividades productivas que necesitamos desempeñar. Desconocen que quienes ejercemos la representación vecinal con estricto apego a la categoría de participación ciudadana, no vivimos de este menester.

En este renglón está la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, la que además de no permitir siquiera el acceso a los materiales, exige la firma de un reglamento y la toma de protesta (que no alcancé a saber con qué fin) para asistir a los cursos. Tuve a bien acercarme sólo un momento a uno de ellos por razones de tiempo y, aparte de constatar lo ya dicho, me resultó alarmante los conceptos que de la participación asumen como válidos, y más alarmante aún que bajo estas concepciones equívocas se plantee un temario de trabajo. Por supuesto, las condiciones de equidad en la oportunidad del conocimiento no pueden ser aplicadas por esta escuela, ya que ha ofertado a los participantes en su Diplomado un “apoyo económico formativo” consistente en la entrega de dos mil cuatrocientos pesos en total, distribuidos en dos periodos durante el año 2011.

Como vemos, una vez más, estamos perdiendo la oportunidad de un crecimiento ciudadano a fondo ayudado por una capacitación abierta, flexible, extendida, basada en el principio de creación de conocimiento y no en la instrucción dirigida, cerrada, tutelada e interesada. Lástima, por la erogación de recursos públicos que significa el esfuerzo.

martes, 30 de agosto de 2011

Crónica de una suspensión anunciada

Como advertimos la semana pasada, la consulta ciudadana programada para el pasado domingo 28 de agosto, que habría de realizarse en apego a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 84, fue pospuesta una vez más, en el último minuto de la última hora.

Con esta suspensión ya esperada se reitera cómo los acontecimientos superan la disposición y el ánimo de la autoridad para responder a los ciudadanos, y observamos que los hechos continúan marcando un sino voluntarioso a las disposiciones que tienen que ver con la participación ciudadana. Así también, se muestra cuanta confusión y desinformación existe por parte de todas las instancias que, desde el gobierno y la misma ciudadanía, hemos de conformar un espacio de relación gobierno sociedad.

Veamos qué pasó.

En la semana del 15 al 19 de agosto, los Consejos Ciudadanos de ocho demarcaciones se acercaron a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa para expresarle su desconcierto acerca de la realización de una “nueva” consulta, y el poco tiempo que se tenía para participar en ella, debido a la serie de protocolos y requisitos a cumplir antes del día señalado. Así también, argüían el hecho de que los proyectos puestos a consulta en marzo pasado, no se habían concretado, por lo que les resultaba incongruente convocar a los vecinos otra vez a las urnas.

En efecto, pese a que la convocatoria para la consulta señalada en el inciso a) del artículo 84 de la ley fue emitida desde el día 16 de mayo, no es sino hasta el 27 de julio que se da a conocer la logística para su implementación a través del Acuerdo que, desde el gobierno, fue publicado para ese fin.

Esta nueva disposición presentó una serie engorrosa de mecanismos para dar forma y trámite a los proyectos que serían votados el día de la consulta. Esta secuencia va más o menos así: difundir la convocatoria, organizar foros informativos, solicitar a los vecinos que presenten proyectos o ideas, llevarlos a validar a la delegación, hacer una primera selección de proyectos, realizar asambleas del pleno del Comité, asistir a cursos en el IEDF. Y todo esto en medio de llenado de formas y machotes a presentar ante el Instituto Electoral, como prueba de la equidad, la certeza, la imparcialidad y la legalidad requeridas.

Así que muchos comités vieron cuesta arriba cumplimentar este numerito, sumado a que empezaron a recibir cuestionamientos de sus vecinos sobre los resultados tangibles aún pendientes de la consulta anterior.

Muy lejos estuvieron tanto el IEDF como las Delegaciones y los Comités de interpretar el verdadero sentido de esta “nueva” consulta, la que en términos exactos de la Ley se ha de realizar entre los meses de junio y agosto para “definir las acciones prioritarias de atención en las colonias” (inciso a, Art. 84)… a fin de que “sus resultados (de la consulta ciudadana) sean incluidos en los anteproyectos y proyectos de presupuesto de egresos, así como en los programas operativos y programas operativos anuales”, siendo que en ningún momento se menciona lo relativo al presupuesto participativo, razón de ser de la consulta dispuesta para efectuarse entre los meses de enero y febrero. Puesto así, sí se contienen motivos para llevar a cabo dos consultas al año. Sin embargo, y esto será tema de otra entrega, creo que ya ni caso tiene discutir la mala interpretación o el equívoco reinante, ya que ahora simplemente y para evitar confusiones, se le dio mate a una de estas consultas con una nueva modificación a la ley, lo que deja fuera la posibilidad de incluir en los proyectos delegacionales “acciones prioritarias de atención en las colonias”, mediante la opinión de la ciudadanía. Nos hemos de conformar con un único proyecto para incidir en sólo un tres por ciento del presupuesto de egresos (de esta manera se resguarda de la opinión y participación de la ciudadanía el 97 restante).

Volviendo a la Consulta, la idea de posponerla empezó a ser vista como necesaria por los Comités ante la dificultad de movilizarse para emprender todo lo estipulado en sólo dos semanas.

Al mismo tiempo, y buscando atender la demanda de los Comités, la Asamblea Legislativa desplegó en los medios su opinión favorable a una posible suspensión de la Consulta, exhortando a los gobiernos central y de las delegaciones a sumarse a esta decisión mediante un acuerdo. Ello dio pie a la aclaración del Instituto Electoral acerca de no haber acordado nada al respecto con la Asamblea, tal como miembros de ésta ya habían asegurado, y convocaba a que cualquier modificación se realizara de manera legal mediante una modificación a la ley.

Cabe decir que los funcionarios del IEDF expresaron la inconveniencia de posponer este ejercicio, en virtud de la proximidad del calendario electoral que viene a representar para este instituto un renglón importante de sus atribuciones y compromisos.

Así las cosas, nuevamente la premura caracterizó las modificaciones, toda vez que el lunes previo al día previsto, aún no se anunciaba la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el legislativo, asunto que se resolvió hasta el jueves 25, cuando apenas se tenía el dictamen, y se señaló una sesión de los legisladores para el viernes en la mañana y la publicación de las modificaciones ya esperadas en la misma tarde de ese viernes 26.

Uf, cansa mencionar tantas prisas. Aunque en la realidad los ciudadanos no tuvimos porqué ajetrearnos ya que, como está pasando en este ambiente, no fuimos consultados para las modificaciones que se realizaron, más allá de la solicitada por algunos comités de posponer la fecha de consulta y, por enésima vez, solamente asistimos como espectadores.

martes, 23 de agosto de 2011

De tin marin... ¿habrá consulta este domingo?

Nuevamente el período de consulta ciudadana, marcado por la Ley de Participación Ciudadana, se ha vuelto una cadena de desencuentros entre la Jefatura de Gobierno del DF, la Asamblea Legislativa y el Instituto Electoral local (IEDF). Los otros participantes (coadyuvantes, dice la ley), los gobiernos delegacionales y los mismos comités, simplemente estamos a la expectativa y dispuestos a bailar al son que nos toquen.

Esta es la manera en que se está operando la dichosa participación ciudadana en la ciudad, al contentillo de las autoridades, dejando muy atrás la voluntad, la energía y el compromiso que muchos comités han asumido como una función importante en sus comunidades, conscientes de que su actuación está abriendo brecha en la democratización de las decisiones públicas, aunque algunos estén conscientes que la Ley en sí misma es incompatible en muchos casos con realidades específicas de participación naturales a cada grupo en cuestión.

En esta ocasión, como pasó en la consulta señalada para realizarse entre enero y febrero de este año, y que acabó llevándose a cabo hasta el 27 de marzo, nos hemos montado en el último tramo del período propuesto, de junio a agosto, otra vez bajo presión y con una serie de decisiones pendientes, cuando no, equívocas, dadas bajo una interpretación de la ley que deja muchas dudas entre los participantes.

¿Qué es lo que está pasando? Creo que no hay vecino, miembro de comité, representante de manzana, encargado de una comisión de trabajo e inclusive coordinador interno de comité, que logre entender porqué una consulta ahora, qué es lo que pretende lograrse con ella y cuáles son sus fines. Además de que con un estrecho margen de tiempo hemos acudido a la capacitación que dio el IEDF, asumiendo prisas y carreras para cumplir con los requisitos de realizar una asamblea, reunir información, validarla con los funcionarios de la delegación y otros requerimientos del protocolo burocrático previo a la consulta ya difundida para este próximo domingo 28 de agosto.

Y todo mientras la Asamblea y el Gobierno del DF aún plantean la posibilidad de posponer la fecha. Hoy lunes 22 de agosto está anunciado un encuentro entre ambas partes, con el fin de discutir sobre un período extraordinario de sesiones en la Asamblea que les permita modificar la ley en ese sentido.

Porque hasta el momento, sólo el IEDF se ha involucrado en el trabajo que le corresponde, al informar e instruir a los comités sobre lo que tienen que hacer para convocar a la consulta. De ahí que su postura para la cancelación sea muy clara, debido a que estos cambios repentinos les provocan cuando menos un descontrol en sus programas de trabajo encaminados al inicio del período electoral del próximo año.

Por ello, en el pronunciamiento que los consejeros electorales integrantes de su Comisión de Participación Ciudadana extendieron la semana pasada para rechazar que exista ya un acuerdo entre la ALDF y el IEDF respecto al cambio de fecha, exigen que de darse éste, necesariamente tiene que ser mediante una reforma a la Ley, tal como corresponde, y sugieren “respetuosamente, que se revise el modelo de participación ciudadana de manera integral, para hacerlo compatible con las disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal relacionadas con las elecciones constitucionales”.

Cabe recordar que desde el 16 de mayo del presente año se emitió la Convocatoria para Participar en la Consulta Ciudadana a fin de Definir las Acciones Prioritarias de Atención en las Colonias y Pueblos Originarios, por lo que es inexplicable que a último momento la Asamblea y el Gobierno pretendan un cambio.

Sin embargo, los jaloneos que estamos viendo por el sí o no de la realización de la consulta, son sólo una parte superficial del problema que nos inquieta a los ciudadanos, y más a quienes formamos parte de los comités.

El cuestionamiento principal viene a cuento por el hecho de que gran parte de los proyectos definidos como parte del presupuesto participativo que se decidieron en marzo pasado no se han realizado, dejando hasta el momento sin aplicación este monto de recursos presupuestales. ¿A qué entonces una nueva consulta? Cuesta trabajo responder a ello. Veamos por qué.

En primer lugar, es asombroso que se haya dado un Acuerdo para Determinar los Proyectos Específicos en que habrán de Aplicarse los Recursos Autorizados en Materia de Presupuesto Participativo para el Ejercicio 2012, firmado únicamente por el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el IEDF y los 16 jefes delegacionales, pese a que en dicho documento se dice que las reglas en él contenidas son emitidas igualmente por los Consejos Ciudadanos Delegacionales, los Comités Ciudadano, y los Consejos de los Pueblos. Pues no, los participantes estamos en esto únicamente como espectadores y sujetos pasivos. Hemos de atenernos a los procedimientos señalados desde la autoridad, muchos de los cuales implican un enorme esfuerzo, a veces innecesario, para determinar cuáles son las prioridades de atención en nuestras comunidades. Asimismo, estas normativas dejan fuera la enorme realidad de problemáticas de las colonias, barrios y pueblos, en un afán de direccionar la participación, constreñirla únicamente a rubros genéricos y específicos de un catálogo, y además limitados en número.

Y aquí otro tema por demás importante: la interpretación de la ley en sus artículos referentes al mecanismo de consulta ciudadana, objetivos y maneras. Tenemos por tanto que el artículo 47 del Título Cuarto, referente a los instrumentos de participación ciudadana, define a la consulta como el instrumento por el que “se somete a la consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas foro o algún otro instrumento”, cualquier tema de impacto en los distintos ámbitos territoriales. ¿A qué entonces volver un evento electivo la definición de prioridades de atención en las colonias, cuando la misma ley habla de la posible realización de consultas a través de foros u algún otro instrumento? Bien estaríamos si lleváramos a cabo este ejercicio de consulta a través de una asamblea ciudadana, que diera paso a procesos deliberativos interesantes y que además pudiera servir para la educación democrática de los ciudadanos, aliviando con ello el arduo trabajo que tiene que llevar a cabo el Instituto Electoral y reduciendo también el gasto y la parafernalia que sólo pretenden determinar como problemática algo que en las comunidades está a la vista de todos y que una consulta a manera de elección sólo trae aparejada la confrontación entre vecinos, al privilegiar las propuestas de unos sobre las de otros.

Por otro lado, la ley nos habla de dos tipos de consultas. En el Artículo 84, inciso b) se establece el período de enero a febrero para determinar “la forma en que habrán de aplicarse los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para tal efecto” (presupuesto participativo), acción que ya se llevó a cabo en la consulta anterior del 27 de marzo. Y el inciso a) de este mismo artículo prevé el lapso de junio a agosto para determinar “las acciones prioritarias de atención en las colonias a modo de incluir éstas en los anteproyectos y proyectos de presupuesto de egresos, así como en los programas operativos y programas operativos anuales”.

Tal como está el texto, apunta a una verdadera y efectiva participación ciudadana: influir en el diseño de los proyectos de presupuesto de egresos y en los programas operativos anuales, que son las verdaderas políticas de atención que pueden y deben llevar a cabo los gobiernos delegacionales y de la ciudad, por lo que de esta manera se estaría integrando un programa de trabajo y de gasto con las necesidades básicas de las colonias, por encima de los compromisos particulares del gobernante que cambia cada tres o seis años y que siguen dejando al margen urgentes rezagos en nuestras colonias, barrios y pueblos.

¿Pero qué es lo que ocurre con la manera en que se está aplicando este mecanismo de consulta? Se privilegia exclusivamente la parte concerniente al apartado del presupuesto participativo (inciso b), donde se habla de la injerencia de los ciudadanos únicamente en el tres por ciento del presupuesto anual, que en el caso de Coyoacán correspondió este año a un monto aproximado de alrededor de 370 mil pesos por unidad territorial. Y díganme ustedes ¿qué pasa cuando la prioridad es una red de drenaje para evitar inundaciones o se requiere levantar en su totalidad el pavimento deshecho de una calle y reconstruirla? Ese monto no hace ni rasguños a las necesidades reales. Todo apunta entonces a una simulación de verdadera participación de los ciudadanos.

Porque ¿qué hacemos con dos consultas cuando ambas se destinan a lo mismo? ¿De qué se tratará la que por ley llevaremos a cabo entre enero y febrero de 2012? ¿Volveremos a preguntar lo mismo en ambos períodos? En uno me dirán qué quieren y en el otro les diré, yo gobierno, porqué no se puede hacer lo que con tanto gasto, tiempo, movimientos, convocatorias y desencuentros habían decidido en sus colonias, barrios y pueblos. Así que vayan y díganles a sus vecinos que siempre no.

Así están las cosas, esperamos juntarnos los cinco vecinos de siempre este domingo, si es que no se pospone la consulta.

lunes, 11 de julio de 2011

Asociaciones civiles, las grandes ausentes


El esquema de participación ciudadana instituido en la ley respectiva para el Distrito Federal contempla la inclusión de asociaciones civiles, consideradas Organizaciones Ciudadanas para los fines y motivos de la misma, y establece como instrumentos de participación a estas personas morales sin fines de lucro a través de las cuales la ciudadanía ha de ejercer colectivamente su derecho a la participación.

Paralelo al proceso de elecciones de comités del año pasado, el Instituto Electoral del Distrito Federal emitió la convocatoria para que aquellas asociaciones cuyo ámbito de acción estuviera vinculado con una colonia del Distrito Federal pudieran registrarse y formar, junto con los comités, el Consejo Ciudadano Delegacional.

Como todos sabemos, la participación ciudadana se manifiesta y se materializa en el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales, y es a través de la organización espontánea o formal que la ciudadanía encuentra un canal para la expresión de sus necesidades, la consecución de objetivos colectivos, la gestión de sus problemáticas o la búsqueda de respuestas a demandas concretas ante las autoridades.

La organización ciudadana por colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales o fraccionamientos no es nueva, ha existido siempre como opción natural en las comunidades. Por un lado, es a través de la asociación que los habitantes de muchas comunidades territoriales logran instituir una forma de representación y de organización para resolver tareas en conjunto, cuando no, demandas concretas como son la gestión y administración de zonas comunes o bien la misma representación de sus asociados. También tenemos que muchas asociaciones civiles encuentran en la territorialidad una forma de dar cuerpo a su acción social. De ahí que resultaría contrario al derecho y a la lógica no contemplar las organizaciones propias de las unidades territoriales en el esquema previsto de participación ciudadana.

La Ley De Participación concretó esta inclusión –aunque parcial- a través de requisitos muy puntuales establecidos en el capítulo XI y mediante una convocatoria se abrió un registro a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal, de modo de contar con un aval para formar parte del Consejo Ciudadano que se forma con los comités de las colonias por delegación, los consejos de los pueblos, las autoridades tradicionales de los pueblos y las organizaciones ciudadanas, únicamente cuando éstas últimas han sido debidamente registradas ante el Instituto.

Me he referido a una inclusión parcial que ha dejado fuera la participación ciudadana más legítima, aquella que gira en torno a liderazgos naturales o grupos tradicionales con trabajo constante en su comunidad, con historia de gestión y con un prestigio ganado por su autenticidad al velar por su entorno, porque para ser integrados requerían necesariamente realizar un gasto de escrituración que les diera personalidad jurídica como persona moral, tal como lo exigían las bases de la convocatoria a participar.

Una vez cerrado el registro que dio viabilidad al derecho de las asociaciones formales por participar dentro del nuevo esquema, las reformas a dicha ley de fecha 30 de noviembre de 2010 les quitaron su participación plena asentada en el artículo 78, al volverlos unos convidados de piedra dentro de los Consejos Ciudadanos ya que claramente en el artículo 237 de las reformas se especifica su participación únicamente con voz, sin derecho a voto en estos órganos de participación delegacional.

Hasta aquí tenemos lo que formalmente intenta excluir a la organizaciones naturales de las zonas territoriales, pero sucede en la práctica que ningún funcionario, desde el nivel de jefe de gobierno hasta los mandos inferiores en las delegaciones, ha desplegado hacia estos instrumentos de participación ciudadana, la serie de atenciones, convocatorias, agasajos, convites y hasta armas de seducción política como lo han hecho con los comités electos en el mes de octubre. Aunque sin orden ni concierto, más bien como en una lid política, no pasa una semana, desde el primero de diciembre en que tomaron posesión de sus funciones, sin que los comités sean buscados por algún cargo de gobierno o alguna dependencia (asunto aparte será evaluar si tanta reunión se ha traducido en mejoras concretas para las comunidades).

En entrevistas con funcionarios de todos los niveles, he podido constatar que esta ignorancia hacia las asociaciones civiles ya registradas ante el IEDF se debe en parte a un desconocimiento que, al igual que en otros casos, se está manifestando por el poco entendimiento sobre lo que es o deja de ser la participación ciudadana, lo que lleva a decisiones erráticas y desubicadas, pero eso sí, totalmente interesadas e inteligentemente muy bien aprovechadas.

Recordemos que estamos en tiempos de amplísimo adelanto electoral y por ello desde las corrientes al interior de los partidos hasta los grupos políticos insertados en las estructuras de gobierno, se desviven en actitudes generosas y llenas de demagogia con los comités ciudadanos, no así con las organizaciones ciudadanas, las que no entraron en la competencia electiva ni surgieron bajo remedos de formas clientelares o pragmatismos políticos.

Cabe decir que los directorios de los integrantes de comités, si bien, salieron inmediatamente de la página del gobierno, donde absurdamente se habían dado a conocer, sí están en manos de funcionarios y asambleístas que están haciendo llegar a nuestros domicilios propaganda sobre sus personas.

En los ejercicios previos de elección de representación vecinal, muchas asociaciones –formalizadas o no- eran a su vez los mismos comités que la ley instituía, de modo que el liderazgo natural empataba con el formal. Esta modalidad se repite ahora con la nueva ley en contadas ocasiones. La mayor parte de las veces, asociación natural y elección formal han devenido en un desencuentro entre grupos antagónicos que pugnan por encabezar la representación territorial. Esto sin duda se debe a lo que hemos venido repitiendo en anteriores entregas: la extrema politización de la vida en el barrio.

Y muy probablemente también, esta condición abona para que las organizaciones ciudadanas, con legítima representación a partir de una historia de organización vecinal autónoma y probada acción de trabajo en su comunidad, tal como lo requirió demostrar el Instituto Electoral del Distrito Federal para dar el sí a su registro, no representen botín alguno para la lucha electoral, sumando además que algunas de estas organizaciones, no podemos negarlo, forman parte de otros intereses políticos contrarios a los del partido en el poder, lo que sería darles un espacio favorable, en detrimento de la acción política que se maneja desde la administración.

En este terreno, tendencioso y desde un cierto punto de vista, desventajoso, las asociaciones civiles, AC´s, autónomas, útiles a su comunidad, con trayectoria de trabajo, amplia experiencia, representación legítima y arraigo territorial, son las grandes ausentes en la participación ciudadana, por lo que muchas de ellas están dejando de aportar su granito de arena a la democratización de la vida pública en nuestra ciudad.