Páginas electrónicas y debates pendientes

El miércoles 11 de mayo periódicos locales expusieron de forma muy clara cómo el sitio de internet del Gobierno del Distrito Federal publicaba los nombres y direcciones de todos los integrantes de los mil 700 comités ciudadanos. Estamos hablando de los datos personales de casi 12 mil habitantes que tienen función de representantes ciudadanos a través de las figuras de representación por zonas habitacionales llamadas comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Desconozco desde cuando se encontraba dicha lista, pero a las 10 de la mañana de ese día, apenas leía la nota, ya se había retirado esta información del sitio.

El motivo sin duda fue una apresurada reconsideración provocada muy probablemente por la acción inmediata que emprendieron algunos miembros de estos comités al presentar una queja a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violación a la Ley de Protección de Datos Personales.

Según lo dio a conocer la prensa al día siguiente, el argumento de estos vecinos se sustentaba sobre todo en las consecuencias que una exposición tan pública podría acarrear a su seguridad e integridad en virtud de haber denunciado a infractores de quienes temen represalias.

En efecto, se trató de una decisión arbitraria que involucra el manejo fuera de lugar de unos datos considerados privados para lo fines públicos en los que fueron desplegados.

Esta motivación fundada destaca como el agravio más sentido, y es lo que a primera vista resulta evidente, superficial y perjudicial de una acción de este tipo. Pero desde una lectura más profunda, a partir de las definiciones mismas de lo que significa la participación ciudadana y su concepto amplio dentro de una democracia, este hecho nos remite a debates aún pendientes en el tema.

Definición conceptual
¿Por qué tiene el gobierno de la ciudad el impulso de publicar los datos personales de quienes forman parte de un comité ciudadano? En la propia definición y conceptualización de la participación ciudadana está la distancia remota que debe existir, en cuanto a pertenencia y ubicación, orientación y fines, entre los comités de referencia y las instancias de gobierno.

Ambos se definen por funciones y terrenos de acción propios. Para nada encontramos relación entre ciudadanos que deciden involucrarse en tareas públicas por el bien de su comunidad o porque desean expresar su sentir sobre diversos temas que les atañen, y la divulgación de las atribuciones, programas y resultados de un gobierno.

Aquí tenemos el primer punto de reflexión. En ningún momento la participación debe ser un apéndice del gobierno o de grupos dentro del gobierno. Quien tomó la decisión de subir a la página la información, es probable que no haya discernido jamás la diferencia y distancia que media entre una y otros, por más que el desempeño de ambos incidan en la vida pública y el devenir de esta ciudad, como es el caso.

Se trata de dos instancias cuya vocación es o debiera ser complementaria en una democracia madura y desarrollada, y sobre todo, hasta cierto punto permanecer distantes, porque los grupos ciudadanos que se expresan y se manifiestan no tienen porqué ubicarse en las estructuras formales o virtuales de los gobiernos, por más que sepamos todos que muchos de estos comités son verdaderos enclaves de operación política, creados por intereses dentro y fuera del gobierno que responden de forma orgánica a fines clientelares electorales, como resultado –ni modo- de los vicios que arrastramos en nuestra vida cívica.

Porque desde el campo de lo deseable y funcional, una participación ciudadana, aunque sea bajo figuras tan controlables como los comités, debe servir para aumentar la eficiencia del gobierno, contribuir a orientarlo hacia las necesidades cambiantes y crecientes de la sociedad y sobre todo, para integrar la voluntad, creatividad y anhelos de los ciudadanos en programas públicos.

De ahí la necesaria distancia y la independencia obligada sin la cual no es posible un diálogo constructivo y transformador. Porque lo contrario es mera simulación.

En este sentido, ni somos órgano de gobierno (aunque el jefe de gobierno haya repetido que somos “un cuarto nivel de gobierno”, cosa que nos tendrá que aclarar porque no logramos empatar esa definición con ninguna disposición legal), ni pertenecemos a estructura alguna que nos comprometa o nos obligue con responsabilidades de gobierno. Repito, el hecho de moldear la participación ciudadana y encorsetarla dentro de comités surgidos por elección, no es ni debiera ser la forma en que se modula y alienta la participación de la ciudadanía.

Pero el asunto aquí es otro. Ha quedado demostrado, con esta atribución que consistió en subir a la página del Gobierno del DF los datos de los miembros de comités, que aún les falta mucho a los entes públicos para aclararse lo que es, debe ser y para lo que tiene que servir la inclusión de la ciudadanía, organizada o individual, en la vida pública.

Público versus privado
Otro punto importante de debate es, como suele pasar en estos casos, descifrar la distancia correcta entre lo público y lo privado. La representación ciudadana que ostentamos nos obliga a una función de responsabilidad ante nuestros vecinos, esto es una función por naturaleza pública, de ahí que el hecho contundente de mostrar la dirección de cada uno de los casi 12 mil representantes señala una necesidad de referenciar el lugar en que tenemos que responder a la inquietud ciudadana por ubicarnos.

Hablamos de los ciudadanos de quienes nos surge el nombre de sus representantes (que no la representatividad real, partiendo de la bajísima presencia en las elecciones). Sin embargo, no gozamos de prerrogativas ni de atribuciones, ni mucho menos de recursos materiales o legales para resolver la forma de enfrentar dicha responsabilidad a partir de un lugar físico.

De ahí que los datos de nuestra residencia se presenten como una posibilidad de contacto con el ciudadano, lo que no hace, como dijimos en los primeros párrafos, que nuestros datos personales tengan que pasar necesariamente a ser públicos y publicables, y que se obvien garantías de ley. Como vemos, el debate es por demás urgente.

Ley insuficiente
Del punto anterior derivamos a un tercer asunto, más no el último, pendiente y debatible aún: una Ley de Participación Ciudadana insuficiente que siempre estuvo claro cómo fue discutida y decidida en todo momento desde la óptica política y bajo acuerdos entre poderes, y muy poco con la mira de resolver el sentido de esta manifestación tan necesaria para nuestra democracia en construcción.

Tal como está la Ley en sus apartados sobre comités y consejos, elecciones y formación, hace muy poco para auxiliar a los integrantes de los comités a clarificar los límites y modalidades de la función que asumen. Tampoco obliga a grandes cambios a la administración pública, sea delegacional o del Distrito Federal. En ningún caso se señalan competencias irrenunciables y atribuciones obligadas.

O bien, las medidas correctivas en caso de fallas. En este ordenamiento se plantea de forma difusa la responsabilidad que nos deben a la sociedad los entes públicos para hacer de la participación ciudadana un espacio creativo y progresivo en la democracia.

Gracias a estas y otras grandes y persistentes lagunas en la Ley es seguramente por lo que los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal no tienen claro aún qué somos como representantes ciudadanos, para qué estamos y hacia dónde apunta la acción de los comités ciudadanos, los consejos de los pueblos y los consejos ciudadanos delegacionales, al grado de que se encuentran tan perdidos que no logran distinguir la frontera entre gobierno y sociedad, de ahí que no hayan podido reconocer lo que les compete publicar o no en su sitio internet.

Comités ciudadanos y rendición de cuentas

Los comités ciudadanos surgen para encuadrar la participación de los habitantes de la ciudad de México en figuras de representación, si bien estas figuras no pueden agotar en sí mismas y bajo ningún supuesto todas las manifestaciones de voz y acción que los ciudadanos deciden realizar en el espacio púbico urbano de la ciudad, de los barrios, pueblos o colonias donde habitan, en virtud de los ordenamientos superiores que protegen el derecho de todo ciudadano a la libre expresión y participación, y los que se refieren a la obligación de todo gobernante y servidor público de atender dichas voces y peticiones provenientes de la ciudadanía, sin necesidad de que éstas estén en figuras formales como los comités formados en el 2010 bajo la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Esta Ley es la que pretende ordenar el proceder de dichos comités, sin embargo, es lamentable que cuente con grandes lagunas para delimitar y normar la actuación de sus integrantes, pero sobre todo, para exigirles cuentas.

Partimos del hecho de que una gran dolencia de nuestra estructura jurídica y democrática radica en la falta de canales eficaces, expeditos y cabales para la rendición de cuentas. Aún contando con las figura de la auditoría, las contralorías, la fiscalía para servidores públicos y los tribunales en la materia, en la práctica y ante la opinión pública vemos constantemente señales de irresponsabilidad ante hechos que afectan diversos renglones de la vida de la nación. Se abre un boquete en la calle, se inundan zonas enteras, sucumben individuos ante la turba de linchadores, y en todos estos casos y en muchos más parece que se diluye la responsabilidad. Los medios de comunicación nos han mostrado muchas veces cómo gobernadores, miembros de partidos y funcionarios de diferentes niveles de gobierno se alían entre ellos o con terceros para torcer el mandato constitucional más allá de sus facultades y potestades. En otras palabras, abusos de poder flagrantes sin que nada ni nadie los detenga. Tan es así que una vez conocida la desviación, vemos cómo continúan en el poder en otros ámbitos o cargos.

Por desgracia este mismo esquema se ha replicado ahora en los órganos de representación ciudadana, como los llama la Ley, con el agravante de que sus actos fuera de norma están inmersos directamente en el tejido social más próximo territorialmente, nuestra zona habitacional.

En este espacio hemos venido mencionando cómo la elección de octubre del año pasado permitió que algunas colonias, barrios o pueblos vieran surgir grupos de poder que se disputan el lucro con la vía pública o como intermediarios de permisos de usos de suelo, por decir lo menos, dispuestos a luchar por la representación formal, y reconocida ante las autoridades, del territorio que controlan. Ahora nos estamos enterando que en gran cantidad de unidades habitacionales, deterioradas en su seguridad por fuerzas de control y usufructo de los espacios comunes, son al momento quienes detentan esta representación formal.

Una lástima, y un gran riesgo que no corren las colonias donde afortunadamente la elección les dio el lugar a grupos de reconocido trabajo y disposición permanente al bien común.

Pero todos, buenos o malos representantes, ostentan ante la ciudadanía y ante los gobernantes una representación que puede incidir de forma sustancial en el diario acontecer de las zonas habitacionales y que determina en gran medida la solvencia de las acciones en pro de las mismas.

Cierto es que las facultades de los representantes ciudadanos están claramente expuestas en la Ley respectiva, pero no debemos olvidar que cualquier cargo o función debe expresar frente a sus derechos, una serie de obligaciones bien delimitadas para reducir tentaciones de excesos. Sin embargo, la Ley no es exhaustiva en este renglón tal vez porque, como dijimos ya, en nuestra vida política no es ésa la principal virtud, sino todo lo contrario.

Una pregunta muy pertinente para los habitantes de esta metrópoli es y debiera ser: ¿sabes quién te representa? ¿Sabes quién habla en tu nombre y se arroga derechos sobre tu colonia? Recordemos que la elección aludida no contó con el suficiente conocimiento por parte de la ciudadanía lo que se tradujo en un nivel bajo de votación.

Pues estos representantes, por cierto, no tienen otra obligación hacia ti que la realización de unas asambleas ciudadanas cada tres meses (habría que ver cuántos comités han cumplido) que pueden ser manipuladas, malamente convocadas, malamente conducidas. Y si por ahí existe algún ciudadano que desee manifestarse o poner una queja, ni a dónde ir, porque no está contemplado en procedimientos claros por esta Ley de Participación.

¿Te han llamado ya para elegir a tu representante de manzana? ¿Cumple éste con lo que dice la Ley, de ser una persona con reconocimiento por sus pares (que no mero conocimiento) en cuanto a honorabilidad y trabajo positivo como vecino?

¿Existe en tu colonia, junto a la figura de comité ciudadano, un comité de vigilancia que pueda ser un contrapeso a la acción del primero?

Cuesta ser ciudadano, ¿no?

Ahora bien, recordemos que los comités se formaron bajo un esquema de proporción entre las primeras cuatro planillas de mayor votación obtenida en la contienda. Y aquí si soy muy directa, sólo a una mente ilusa pudo ocurrírsele que una vez pasada la etapa de elecciones los grupos que se vieron enfrentados y confrontados dejarían atrás, así, sin más y por obra y gracia de la buena voluntad, cualquier discrepancia o hasta agravios del reciente pasado o hasta del pasado remoto. Todo lo contrario, su principio de otorgar la representación de las diferentes zonas habitacionales a partir de la creación de planillas y el necesario paso por el voto, no hace sino replicar también otro vicio de nuestra cultura política, la polarización y la falta de acuerdos. Nada de que ahora sí muy amiguitos, si de lo que se trataba era de batir al otro, al contrario. Sobre todo cuando de por medio está el encontrarle beneficios personales a dicha posición, siendo el enlace con quienes manejan el presupuesto, o actuando como los operadores territoriales de quienes pretenden manejarlo en la siguiente elección constitucional.

También corresponde a mentes ilusas, o bien, con poca capacidad de análisis, suponer que por el hecho de ser ciudadanos, movernos en el espacio de la representación ciudadana, nos encontramos en algo así como un limbo de inocencia y bondad; que somos ajenos a los vicios del poder político y que por ningún motivo ha de existir la necesaria rendición de cuentas claras, precisas y transparentes, con instancias capaces de poner límites o procesar las desviaciones. Deveras, la Ley no las estipula; pareciera que uno de sus principios les habla de ciudadanos igual a angelitos.

Para referirnos a lo existente, advertimos que la Ley de Participación Ciudadana establece en sus Artículos 101 y 212 que cualquier controversia es necesario resolverla en primera instancia al interior del comité ciudadano. Pero, qué pasa si el comité es opaco, nadie sabe dónde se reúne, algunos ciudadanos ni conocen quiénes son los integrantes del mismo o tampoco ha convocado a asamblea ciudadana. O bien, cuando precisamente los diferentes grupos que lo forman se hallan encontrados y opuestos en sus visiones y acciones y por eso quienes detentan la coordinación del comité (la planilla ganadora) hace todos los esfuerzos necesarios por no incluir precisamente a los integrantes que provienen de las otras planillas contrincantes. O ¿a poco ustedes creen que un comité con claros intereses de poder (versus democracia) estará dispuesto a atender, escuchar y alentar la crítica, llamado de atención o cuestionamientos que le haga un ciudadano si ésta se opone a sus pretensiones? Ni modo, nuestra cultura cívica históricamente nos ha enseñado que, o estás conmigo, o estás contra mí; fuera la disidencia, fuera la divergencia, no podemos integrar los contrarios; ni siquiera somos capaces de sobrellevar un diálogo y, con mucho, desconocemos los pasos a seguir para sacarle provecho a un debate. Otra vez se nos muestra la mano de esta mente ilusa que gestó una Ley llena de lagunas en cuanto a rendición de cuentas.

Aquí mismo se dice que las discrepancias al interior del comité serán resueltas en segunda instancia (suponiendo que ya no hubo ni manera de hablar dentro o con el comité) por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Pero, ¿en qué momento se vuelve ésta la segunda instancia? No se nos dice, no hay manera de determinar un fallo en la tal primera instancia porque ¿cuándo se da éste? Seguimos sumergidos en un pantano de voluntarismos interesados, que por el hecho de ser ciudadanos no nos eximen de padecer los vicios de nuestra cultura democrática y falta de civismo para procesar nuevos espacios de trabajo y participación, los que, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, son erráticos, pero eso sí, muy precisos para reproducir ancestrales dolencias que nos anclan a un atraso mayúsculo en nuestra vida política.

Antes de terminar, quiero manifestar igualmente mi asombro por lo que la Ley establece para evaluar (que no llamar a cuentas) a los comités. Se trata de levantar encuestas de opinión con la ayuda de la comisión de vigilancia y el personal que para ello disponga el Instituto Electoral del Distrito Federal, bajo un Programa Anual de Evaluación del Desempeño (¿?). Y más asombroso aún es que la asignación del Presupuesto Participativo “se basará en las evaluaciones de desempeño de los Comités que realice el Instituto Electoral”, según lo señala el Artículo 202, esto hace ver, a menos que se aclare, que se omiten los principios de equidad y legalidad en el uso de los recursos públicos.

Comités ciudadanos

El adjetivo empieza a quedar grande

No cuesta trabajo imaginar la escena. La hemos visto en alguna película, es contenido de la historia universal y se versifica en los cuentos tradicionales cuando nos narran ceremonias donde los súbditos se presentan ante los señores del reino. Pongámosle distancia; ahora nos encontramos en una de las urbes más grandes del mundo, en el presídium están los señores y las señoras, frente a ellos nosotros, miembros de los comités ciudadanos. Uno a uno, bajo un orden establecido y conforme son llamados, los coordinadores internos de los comités pasan al frente y básicamente –como si en verdad de súbditos se tratara- exponen sus peticiones previo agradecimiento cumplido por la concesión de tal oportunidad. El grupo está rodeado de asistentes administrativos y cargos menores que sin perder detalle toman nota de tales demandas.
Primero se les ha cedido la palabra a los convocantes, luego la tendrán los convocados.

La promesa se repite: serán atendidos de inmediato.

El contenido de dichas peticiones es por demás uniforme: hacen falta luminarias y por ello padecemos asaltos y violencia; queremos hacer deporte y necesitamos apoyos; cierren los bares que hacen tanto ruido y arrojan borrachos y riñas a nuestras calles; tenemos muchas carencias, no nos bastan los programas.

Ni es la primera ni será la última. Se trata de las reuniones que están llevando a cabo el jefe de gobierno y algunos secretarios del gobierno del Distrito Federal con los comités ciudadanos que entraron en funciones el día primero de diciembre del año pasado para, literalmente, “atender sus necesidades más sentidas”, las que estos mismos comités quieran exponer, no por urgentes, sino porque no se han resuelto históricamente en virtud de la omisión persistente de las instancias de gobierno responsables.

Cierto que una de las funciones de estos comités es servir de enlace entre autoridades y vecinos, pero ello no necesariamente significa recurrir a formato tan anacrónico (la imagen es vergonzosa) y privilegiar lo ceremonial sobre procesos más expeditos y modernos.

¿A qué entonces tales eventos? ¿Por qué convocan los titulares de áreas o niveles de gobierno que muy poco o nada tienen que ver con las atribuciones directas para resolver las problemáticas en cuestión?

De diciembre de 2010 a la fecha, lo mismo que el gobierno de la ciudad de México, los gobiernos delegacionales, en su mayoría, han realizado una serie de convocatorias para entrar en contacto con los comités ciudadanos.

Todas, al menos las púbicas, son reuniones similares a la anteriormente descrita. Todas adolecen de un apego formalista a rituales empalagosos y poco republicanos. Con maestros de ceremonias muchos de ellos y discursos con una retórica gastada y llena de promesas.

¿Porqué hasta ahora el gran interés por escuchar a la ciudadanía?

Los problemas siempre han estado ahí, se repiten año con año, permanecen muchas veces inamovibles y sin solución. O vuelven a surgir por la poca vigilancia y la constante indiferencia de las autoridades. Bastaría que los funcionarios se apegaran a su trabajo para incidir sobre el asunto de dichas peticiones.

Otra característica común a estas reuniones: ninguna presenta una metodología explícita para procesar la demanda o la problemática, medir la intensidad de la respuesta y su posible y esperada solución y mucho menos, para que el ciudadano pueda efectuar la vigilancia y el seguimiento a cualquier acto de gobierno o uso de recursos públicos. Ningún esquema programático se hace evidente, son tan sólo intentos por demostrar una supuesta eficiencia de funcionarios y sus áreas de competencia. Eficacia de acción que puede ponerse en marcha sin necesidad del valioso tiempo de funcionarios y ciudadanos, con sólo cumplir con las atribuciones propias del cargo y tener la voluntad, si hay que decirlo, de atender al pie de la letra las facultades y responsabilidades legales.

Lamentable también que, en un arrebato demagógico, se esté aludiendo en estas reuniones a los comités ciudadanos como “un cuarto nivel de gobierno” cuando hasta el momento ni la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y mucho menos en ningún apartado de la Constitución se adjudica dicha potestad a estas figuras de representación.

¿Qué mueve a realizar reunión tras reunión con este despliegue de recursos humanos y materiales para sólo escuchar dos minutos a cada comité? ¿Qué acaso no podrían establecerse mecanismos más prácticos y económicos? Evidentemente estas reuniones fotografían mejor que el cumplimiento discreto pero efectivo de la función de servidor público.

De aquí la afirmación acerca de por qué el adjetivo ciudadano empieza a quedar grande a los comités electos el año pasado. No somos capaces de crear nuestra propia agenda, de movernos con formas realmente ciudadanas, sin que tengan que mediar voluntarismos y pragmatismos del gobierno en turno.

No existen intentos por implantar una comunicación entre pares, gobierno y ciudadanía, una comunicación efectiva para trascender esa visión que nos da la imagen con la que empecé esta entrega. Mucho menos es la administración pública la interesada en dejar de ver al ciudadano como un menor de edad que espera la dadivosa acción del gobierno, el mismo que no logra diseñar una mejor manera de acercarse a sus gobernados que anquilosados mecanismos más propios de cuentos medievales o escenas de la historia.

Crónica de dos días

Domingo 27 de marzo de 2011.
Eran las 9 de la mañana cuando los dos responsables de la mesa receptora de opinión (MRO) empezaron a sacar de las bolsas de plástico los materiales que habrían de servir para realizar la consulta ciudadana. Crayón negro, actas varias, papeletas, carteles; formatos para llenar, listas por cubrir; urna, folletos e instructivos.

Junto a ellos se encontraba el representante del IEDF contratado en exclusiva para este ejercicio. “Somos 34 eventuales solamente en este distrito”, me comentó. Llevaba consigo la Convocatoria a la Consulta Ciudadana para aplicar el Presupuesto Participativo, emitida apenas el viernes 18 anterior.

Desde temprano, la Delegación había traído una mesa redonda con parasol y dos sillas. Alrededor se encontraban sólo dos vecinos.

Junto con los responsables, la coordinadora interna del comité revisó que todos los documentos estuvieran en regla, tal como les habían instruido en la sesión informativa a la que habían asistido en la junta distrital del instituto electoral cinco días antes. Hasta el momento, todos ellos evadían las preguntas sobre qué proyectos se someterían a consulta y sobre qué vecinos habían hecho alguna propuesta. “No es momento, no debemos todavía hablar”, contestaban. Sólo la presión por el avance del tiempo hizo que dieran inicio al foro informativo marcado para las nueve de la mañana.

Pero, sorpresa, no había nada que informar, solamente escribieron en el formato correspondiente que se mostraría a los vecinos, unos supuestos proyectos que no fueron tales, sino la anotación de cinco de los rubros específicos enlistados en el apartado ocho de la convocatoria. Tal cual. O sea, ¿que los ciudadanos no opinarían sobre ningún proyecto, sino sólo por intenciones? En ningún lado se encontraba información sobre costos aproximados, justificación, ubicación o aplicación precisa. Ni un documento, nada que contuviera o mostrara algún tema o expresión de un proyecto, digamos. Ningún detalle.

-¿Quién los propuso?, preguntamos.

-Ciudadanos, nos respondieron.

-Pero ¿quiénes?

-Unos ciudadanos, no les podemos decir.

-¿Cómo?

-Pues es que no sabemos, no nos lo dijeron.

Nada que decir, nada que exponer, nada que leer para orientar la opinión esperada de los ciudadanos. Meros enunciados, una copia fiel de los Rubros Específicos para la Aplicación del Presupuesto Participativo señalados en el Decreto del día 16 de marzo de 2011 en el que se Adiciona el Artículo Décimo Tercero de la Ley de Participación Ciudadana, y que luego fueron trasladados a la Convocatoria al proceso de Consulta. Y luego trasladados sin más al cartel guía en el que los anotaban dispuesto sobre la mesa redonda que había mandado la Delegación.

Lo siguiente que ocupó la atención de los presentes fue dónde colocar el cartel con los números de las propuestas-enunciados. Números del uno al cinco precedían los rubros: rehabilitación o mantenimiento de un espacio público; rehabilitación de áreas verdes o camellones; paquete de juegos infantiles; construcción de rejas perimetrales para delimitar espacios; luminarias.

-¿De qué espacios públicos se trata?

-¿Es rehabilitación o mantenimiento?

-¿A qué áreas verdes se refieren?

-¿Dónde se van a colocar los juegos infantiles, dónde se necesitan las luminarias?

Pregunta tras pregunta que se quedaron sin respuesta. Se repetía la misma frase:

-Es que así lo propusieron los ciudadanos.

-¿Cuáles?, preguntamos otra vez.

-No sé, no me lo dijeron, contestó la coordinadora del comité.

Hasta ahí su responsabilidad. Abandonó el lugar, al que sólo regresaría poco antes de realizar el conteo.

Por más vueltas que le daba, no me alcanzaba el entendimiento: hay propuestas pero ningún miembro del comité es capaz de decir quién las entregó, en dónde se van a aplicar. Ni manera, no saben ni dicen nada. O no pueden, porque no hay información alguna, sólo el cumplimiento de los requisitos. Llenar el cartel guía con formato previo, pegarlo en donde se pueda para que los asistentes lo lean y esperar a los votantes.

¿Cuáles?

Apenas eran las 9: 30. Nada más que decir, nada más que informar.

Cinco personas bajo el parasol que la Delegación había proporcionado como apoyo operativo.

El representante del IEDF no quitaba la vista de los presentes y revisaba a cada minuto o bien el manual o bien la convocatoria. Faltaba más de una hora para abrir la urna y recibir las opiniones como lo decía la convocatoria y los procedimientos del manual: entre las 9:00 y las 11:00 horas se realizarán foros informativos para informar a los ciudadanos y a la comunidad en general de las colonias sobre los proyectos elegidos por el comité; el coordinador interno del comité informará sobre cada uno de los proyectos seleccionados, así como sus características.

De 9 a 10 se expondrían los cinco proyectos, tomando 10 minutos para cada uno, después se daría un tiempo de 20 minutos para que los presentes pudieran plantear preguntas y comentarios a los integrantes del comité o a los ciudadanos que hayan registrado los referidos proyectos.

Durante la hora y media restante, desde las nueve y media hasta las once, se presentaron no más de cinco vecinos dispuestos a escuchar la explicación que no obtendrían.

Los responsables de la mesa sólo contestaban que la información por saber estaba en el cartel, ningún dato más podían decir. Después de eso se quedaban sin palabras.

Y a las 11 en punto ocurrió el milagro. Sin saber de dónde, empezaron a aparecer como por arte de magia familias enteras. Grupos numerosos de vecinos que llegaban juntos. Mamás con hijos de la mano o en brazos, todas en conjunto.

-No hay pierde, se escuchó decir entre ellos, sólo tenemos que tachar el número uno.

Disciplinados y en fila pasaron sus credenciales al responsable de anotarlos en la lista. Ninguno hizo preguntas sobre los tales proyectos, dónde, cómo, de qué manera, a quién beneficia.

Sorprendente disciplina.

La fila creció por los que llegaban algunos minutos después, quienes sin hacer pregunta alguna enseñaban su credencial, tomaban la papeleta y después de marcarla la depositaban en la urna y se retiraban.

Así se mantuvo durante unos cincuenta minutos aproximadamente. Luego la afluencia descendió y terminaron por desaparecer todos los grupos. Se volvió al silencio.

A lo largo de las siguientes horas, sólo de manera ocasional se presentó uno que otro vecino para repetir, esos sí, preguntas que quedaban nuevamente sin respuesta.

-Ahí están los proyectos, por alguno de esos hay que emitir opinión, decían los responsables de la mesa receptora, integrantes los dos del comité ciudadano electo el 24 de octubre del año pasado.

Ambos comieron de la caja de almuerzo que les acercaron como “apoyos operativos”, en la mesa redonda que mandó la Delegación.

El representante del IEDF ya había puesto cara de aburrimiento.

De repente se dio el comentario: ya son las tres, hay que cerrar.

En esas estaban cuando se presentaron nuevamente dos grupos pequeños. Los responsables se miraron entre sí. Después del saludo de quienes llegaban, detuvieron su quehacer, sacaron el talón de papeletas y recibieron las credenciales. Todo otra vez, anotar los nombres, entregar papeletas, colocarlas en la urna, devolver credenciales. De forma cómoda, porque estos grupos pertenecían al segmento que no necesitaba hacer preguntas para emitir su opinión.

Las tres con diez minutos. Se cierra la mesa receptora de votación, así lo establecen los procedimientos.

Lunes 28 de marzo de 2011.
Los periódicos del día de hoy anuncian: La consulta ciudadana fue un fracaso, No se presentó ni el uno por ciento del padrón, Votaciones que no superaron los 50 asistentes, Mesas receptoras que no se pudieron instalar.

El caso de esta colonia que narro no entra en las noticias del día de hoy. Acá se obtuvieron 130 opiniones, la mayoría arrolladora la ganó el enunciado número uno.

Va de nuez

Bastó una declaración para aventar por la borda el proceso de Consulta Ciudadana que habría de realizarse, según lo dispuesto por ley, el pasado 27 de febrero. Ni la Asamblea Legislativa, ni el Ejecutivo - Jefe de Gobierno y Delegados- ni el Instituto Electoral del Distrito Federal aclararon mayor cosa a la ciudadanía sobre la suspensión de dicha Consulta. “No hay condiciones”, tán tán, va de nuez.

Así que con improvisados y apresurados Decretos se dio nuevamente cauce al proceso: al fin que la Asamblea responde y el IEDF acata, faltaba más.

Con apuros para no sobrepasar los términos perentorios de la aplicación y ejecución de los presupuestos, finalmente este fin de semana tendremos ahora sí la instalación de aproximadamente mil 815 Mesas Receptoras de Votación (MRV), una en cada colonia o pueblo originario que cuente con órgano de representación ciudadana.

Pero quiero decirles que, preguntemos donde preguntemos, es minúsculo el número de ciudadanos que saben a qué han de acudir en esta ocasión a las urnas. La convocatoria, lo mismo que el Decreto de modificaciones al Artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se emitió apenas el pasado 16 de marzo, a sólo siete días hábiles de realizarse la consulta, e incluye nuevos procedimientos y términos que no estuvieron contemplados en la anterior convocatoria del 21 de enero de 2011. Esa que por omisiones voluntarias de todos los involucrados se archivó en el cajón de la ignominia. Que al cabo y qué, no pasa nada.

Pero sí pasa. Al menos para los ciudadanos que pretendemos estar participando de una porción de democracia. Nosotros si somos serios, señores, porque queremos creer y queremos ser respetados.

Hasta este momento, muchas dudas y lagunas se nos aparecen. No se trata solamente del desconocimiento que tenemos, aún siendo parte de los Comités Ciudadanos, para poder elaborar un proyecto y saber si éste se puede realizar con el monto asignado de antemano por la Asamblea en el rubro, sino del poco tiempo que se nos ha dado para obtener información. A marchas forzadas el Instituto Electoral local llevó a cabo esta semana reuniones informativas y ha recibido las propuestas sobre los dos representantes vecinales que estarán encargados de las mesas de votación. Este jueves 24 cerró el plazo concedido para que los ciudadanos presentaran sus proyectos en las Juntas Distritales en caso de no poder hacerlo directamente a los Comités.

Se contó con sólo ocho días naturales para hacer un trabajo que en la administración pública los especialistas requieren de varias semanas o hasta meses.

Asistí a una reunión en la Junta Distrital que me corresponde y pude advertir el total desencuentro que está significando tanta improvisación y la forma tan a la ligera en que la Asamblea ha venido resolviendo las demoras y cancelaciones.

Es severo el descontento de los ciudadanos que están dando su tiempo y esfuerzo para representar a su colonia o pueblo. Se sienten utilizados y menospreciados. Y es que la verdad, los procedimientos ofenden la inteligencia. ¿Cómo podemos saber, con total certeza y sobre todo, con la seriedad del caso, si la necesidad que manifiesta la comunidad puede resolverse con un proyecto cuyos costos deben ajustarse al monto de presupuesto asignado? Por principio, habremos de investigar en los catálogos de precios, costos unitarios, etc.

Y sobre la convocatoria, ¿es posible avisar con suficiente tiempo a nuestros vecinos, ponerlos en antecedentes, explicarles de qué se trata esta vez? ¿Acaso creen que con un spot de radio o tele la gente se va a interesar? Hablamos de una tarea detallada que requiere tomarnos períodos ente nuestras ocupaciones cotidianas, y al que se necesita aplicarle dedicación para realizarlo de cara a nuestras comunidades. Lo contrario resulta una simulación, migajas para afirmar que vivimos en la ciudad de vanguardia que aún estamos lejos de ser.

¿A qué le temerán los legisladores y las autoridades? O es que es tanta la codicia porque este recurso signifique algo en el cochinito, o se pelea para el manejo de clientelas. O es que de plano aún no tienen idea de por dónde operar la dichosa participación ciudadana sin que mermen sus prerrogativas o tiemblen sus posibilidades futuras.

Eso de empoderar al ciudadano sigue siendo pura retórica, que se la crea el más ingenuo. La participación ciudadana tiene más que ver con la expresión de opiniones, con la asunción de un diálogo permanente, con una auténtica comunicación de ida y vuelta entre autoridades y ciudadanos para atender objetivos comunes marcados por los principios y las leyes, más que con las votaciones de mayorías que se vislumbran siempre como primera y única opción para la toma de decisiones, solventándolas con abundantes requisitos burocráticos con el fin de garantizar su certeza, equidad y legitimidad.

O a poco no hubiese sido más barato y expedito determinar el destino de los recursos mediante una sencilla votación directa basada en la confianza y solidaridad que deberían darse entre vecinos que comparten problemáticas. Y en un genuino entendimiento de autoridades que saben escuchar y se guían por el principio fundamental de representar los intereses comunes.

En lugar de estar conformando la plataforma del diálogo que debe reinar como función de la participación ciudadana, habremos este domingo de acudir a urnas casi vacías, con un gasto oneroso en papeletas inutilizadas. Eso por no citar los enfrentamientos entre posturas encontradas que el tiempo, y las lagunas presentes por la poca seriedad demostrada por las autoridades y los asambleístas, no han podido solventar al interior de las comunidades, donde hasta el momento la participación ciudadana se instala más por el camino de la confrontación antes que el de la cooperación.

Crónica de una suspensión anunciada

Si usted es de los que se preguntan ¿qué pasó? en el caso de la suspensión de la consulta ciudadana que habría de llevarse a cabo el pasado domingo 27 de febrero dentro del proceso de participación ciudadana establecido en la Ley respectiva, no está solo. Somos muchos los ciudadanos que nos hicimos este cuestionamiento.

Aunque, la verdad, la falta de cumplimiento en este sentido por parte de las autoridades encargadas es una más, aunque la más visible, de las inconsistencias y aberraciones en que está dándose, merced al atraso que tenemos en cultura y práctica democráticas, el desarrollo de la participación ciudadana en el Distrito Federal bajo la visión única de representación que establece la ley.

Parecería que se trata de un “cochinero”, pero ahora desde otra perspectiva: la manipulación arbitraria de lo dispuesto por la ley. Un desacato a modo.

Esta suspensión ilegal fue también un acontecimiento por demás anunciado. Veamos.

1. En el Capítulo XII de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, relativo a las Asambleas Ciudadanas, el Artículo 84 establece que para la aplicación del monto del presupuesto anual de las Delegaciones “destinado para que los ciudadanos decidan sobre su aplicación en las colonias correspondientes, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales y los Comités Ciudadanos convocarán de manera coordinada a Consultas Ciudadanas para (inciso b) definir la forma en que habrán de aplicarse los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para tal efecto”. Mismas responsabilidades que se detallan en los Artículos 199 a 204 de la Ley bajo el rubro de Presupuesto Participativo.

Para los que aún no están familiarizados, diremos que este término se refiere al monto de entre uno y tres por ciento que las delegaciones están obligadas a destinar de su presupuesto anual para distribuirlo de manera equitativa entre el número de colonias en su demarcación y esperar a que mediante una consulta al interior de cada colonia los ciudadanos determinen en qué habrá de gastarse ese monto en su territorio, sea para “obras y servicios, infraestructura urbana y prevención del delito”, como lo dice el artículo 83 de la Ley.

2. Para este fin, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió la Convocatoria a la ciudadanía para participar en una Consulta Ciudadana el domingo 27 de febrero de 2011, a fin de determinar los proyectos específicos en que se aplicaría estos recursos presupuestales en las colonias y pueblos originarios designados por la Asamblea en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011.

3. En dicha Convocatoria, y en concordancia con los Artículos antes citados del Capítulo VIII del Título Noveno de la Ley de Participación Ciudadana, quedó establecido que:

“El jefe de gobierno del DF y los jefes delegacionales en cada demarcación territorial facilitarán los espacios necesarios para la realización de la Consulta Ciudadana además de la logística para su implementación”;

“El Jefe de Gobierno dotará a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de materiales impresos para la difusión y desarrollo de la consulta ciudadana de acuerdo con los contenidos que proporcione el Instituto Electoral del Distrito Federal”;

“La difusión de la Convocatoria y sus resultados estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, de acuerdo con los contenidos que éstos aprueben en forma conjunta con el Instituto Electoral del DF”, y que

“Los Jefes Delegacionales y los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos Originarios difundirán la convocatoria en el ámbito geográfico que les corresponda”.

Ahora, ¿dónde quedó la bolita?

4. La semana prevista para la Consulta llegó sin que hasta ese momento tuviéramos alguna noticia de por dónde andaba el proceso. La convocatoria no había pasado de las páginas de los periódicos, se desconocía la logística y los lugares de votación, los contenidos no habían sido formulados y no se contaba con materiales impresos para ser usados por los Comités Ciudadanos en su zona geográfica. Imposible pensar que se podría movilizar e interesar a la ciudadanía a acudir una vez más a votaciones. Ni manera.

5. La danza de responsabilidades institucionales y acusaciones encontradas se resumió en una palabra: no había condiciones. Verdad a medias para quien quisiera creerla como acto de fe, porque la realidad se mostró evidente: las condiciones no fueron creadas, ni en tiempo ni en forma, por las instituciones involucradas por la ley. De manera flagrante se violó la normativa.

6. En forma tardía, el miércoles 23, desde la Jefatura de Gobierno llegó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para posponer hasta el 27 de marzo la Consulta, apoyada por los Jefes Delegacionales provenientes del PRD, que argüía precisamente la falta de información a la ciudadanía y todas las carencias en que se encontraba el proceso precisamente por la no actuación institucional.

Asombroso. “Profe, no hice la tarea, deme más tiempo”. ¿Falta de interés? ¿O sobrados intereses?

7. La iniciativa se estancó en una votación dividida e irreconciliable de los asambleístas, pero ante el buque hundido no hubo de otra que sacarlo a flote de cualquier manera. Cubrir las apariencias, hundiendo más la credibilidad no sólo en las instituciones, sino en un proceso endeble que pretende encauzar la participación ciudadana bajo una sola visión que, por cierto, ya está haciendo agua.

Amigos, hasta hoy, la cartelera anuncia el evento para el próximo domingo 27 de marzo, veremos.

Consulta con intermediarios

Falta de información, suspicacia, procedimientos no definidos y una cada vez más clara participación de las autoridades por encima de sus atribuciones de ley, están haciendo de la consulta pública para determinar el destino del Presupuesto Participativo asignado por colonia, otra más de las grandes desilusiones en los ejercicios de ciudadanía que esperamos los mexicanos.

¿De qué estamos hablando?

Recordemos que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral del Distrito Federal, IEDF, convocó para este domingo 27 de febrero a una consulta pública a fin de que los habitantes de cada colonia o pueblo originario de la ciudad, expresen su opinión sobre el rubro –obra o mejora- al que consideran debe dirigirse el monto que les corresponde del tres por ciento del presupuesto total de su delegación.

Si bien, como ciudadanos desconocemos los criterios o bases que guiaron a la Asamblea Legislativa para determinar como “presupuesto participativo” ese tres por ciento, y no un cuatro o un dos o un 15 por ciento, póngale usted la cifra, lo que nos ocupa ahora es la ligereza y ausencia de rigor para organizar y operar la tal consulta ciudadana.

La representación por colonia a que ha dado lugar la Ley de Participación Ciudadana se encuentra en muchos casos inmersa en un ámbito totalmente politizado, y el tejido social en que opera, lejos de verse fortalecido, se ha afectado por el surgimiento, con puesto oficial, de ciudadanos más ocupados en la acción partidista que en la solidaridad comunitaria, o bien, por la confrontación ineludible al tratarse de elecciones donde necesariamente se opusieron visiones e intereses que no fácilmente han tenido conciliación.

Resulta alarmante entonces que esta consulta no tenga todas sus piezas bien orquestadas, seguras y firmes, cuando faltan apenas seis días para su realización. La

operación y fines de este ejercicio son inciertos para la mayor parte de la ciudadanía, inclusive para algunos integrantes de los mismos comités y consejos de los pueblos, porque hasta el día de hoy no se han ampliado los términos ni la información de la convocatoria del 21 de enero, emitida en periódicos locales.

Pero sobre todo, no se entiende que la ciudadanía, de actor central, esté pasando, a las primeras de cambio, a ser meramente un espectador y nuevamente ocupe un lugar sólo para emitir un voto, cuando precisamente hablamos de participación ciudadana. El concepto habría que aclarárselos a los asambleístas y a los funcionarios y gobernantes.

O tal vez, por este deseo paternalista de orientar al ciudadano, ha surgido en el gobierno local la inquietud de realizar foros previos a la consulta, con la pretensión además de diferir ésta, dando lugar a una más de las inconsistencias con las que se demuestra la premura, improvisación y falta de principios útiles que guían una participación ciudadana bajo estructuras cuestionables.

Pongámonos en duda, porque lo contrario sería advertir a la ciudadanía del control y apropiación de las decisiones que están ejerciendo desde el gobierno de la ciudad y de las delegaciones, cuando no desde los grupos de poder político que siempre actúan electoralmente, para despojarnos, una vez más, y aunque tengamos una ley que en teoría intenta lo contrario, del derecho a vincular nuestra opinión con los programas de gobierno, de la posibilidad de participar del destino de los recursos públicos y vigilar, desde una posición independiente, la actuación de los gobiernos, esos sí, principios sustanciales de una participación realmente ciudadana y sin intermediarios.