jueves, 1 de diciembre de 2011

A un año: Los comités en su laberinto

Este primero de diciembre cumplimos un año de haber iniciado funciones los casi mil 800 Comités Ciudadanos surgidos a partir de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y, si bien, no existe un parámetro que nos permita valorar por igual su desempeño y su mayor o menor incidencia en la calidad de las relaciones sociales comunitarias y en las posibilidades de participación ciudadana de los habitantes de las distintas colonias, barrios o pueblos de la ciudad, su presencia en el conjunto de la vida pública, sus circunstancias presentes y el estadio en que nos encontramos después de doce meses de actuación no les deja pasar –salvo en contadas excepciones- más allá de la organización a favor de un programa de gobierno o, lo que es peor, a favor de intereses particulares, políticos o inclusive partidistas.

Las apreciaciones por parte de las autoridades respecto a los Comités hasta la fecha son en sentido triunfalista y dadivoso. Lo primero, por el hecho de contar con grupos que, aunque organizados y orquestados desde la administración y que no representan una verdadera contraparte, suponen un gobierno incluyente que alienta la participación. Y lo segundo, porque les permite extender el despliegue demagógico de concesiones y beneficios a la población a través del acercamiento con quienes representan a las comunidades, poniendo nuevamente la cara amable de la inclusión como un logro en favor de la ciudadanía.

Pero, ¿qué hemos vivido hasta ahora los miembros de los Comités? ¿Cómo vemos la participación ciudadana? ¿Nos encontramos satisfechos por el avance o, de forma contraria, sentimos un retroceso en el respeto y valoración de la participación como forma de acrecentar la calidad de la ciudadanía? ¿En qué lugar colocamos a la participación surgida de forma autónoma en nuestras colonias u organizaciones naturales?

He de decir que tenemos principalmente una gran inquietud por el hecho de que se ha aceptado, como forma válida de materializar la participación ciudadana propia de las democracias modernas, esta forma estrecha, dirigida y manipulable que privilegia sobre todo la representatividad antes que la verdadera participación, y que se confunde bajo una organización aparentemente avalada por las comunidades.

Por su parte, los legisladores y las autoridades electorales en quienes ha recaído la organización de comicios para integrar esta representación, afirman que es sólo es cuestión de tiempo el que los Comités, los Consejos y el total de la Ley respectiva, puedan cuajar y pasar de lo posible a lo deseable, por lo que cualquier inconsistencia o desvío será poco a poco superada.

Ni lo uno ni lo otro. Quienes luchamos por una participación que verdaderamente dé forma a la inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno, encontramos que tanto la ley actual, constantemente modificada y parchada, así como la visión que la autoridad tiene de la ciudadanía participante, es contraria, si no perjudicial, a la creación de condiciones favorables para que cada vez más los ciudadanos encontremos canales de participación para la orientación del gasto público, para la expresión de nuestra voz en los programas de gobierno y para otorgar nuestra contribución en el diseño de las políticas públicas.

Antes que suponer un logro irrenunciable, los Comités representan un laberinto del que es urgente salir si no queremos permanecer en una simulación de participación que aleje cada vez más a los ciudadanos del interés por la cosa pública, al ver que sus vecinos son únicamente extensiones del poder en turno. Imprescindible es no continuar engañándonos y alimentando el dédalo de la demagógica participación, de cuyos vericuetos habremos de dar cuenta en ésta y las próximas entregas.

Recordemos que los Comités surgen de un proceso de elección guidado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, al que para darle certeza, legalidad, equidad y transparencia se le transfieren de forma automática los procedimientos rigurosos y exactos de las contiendas electorales constitucionales. O sea, desde aquí nos movemos en un entorno artificial y contrario a la naturaleza de la participación que habremos de describir en el apartado siguiente, pero que para el caso de este momento, lo señalamos como vericueto en el que el ciudadano se empieza a introducir y tergiversa su interés de cercanía y trabajo por la comunidad.

Cierto es que en términos del IEDF y de la Ley Electoral, estos procedimientos son consustanciales para cumplimentar los principios ya mencionados, pero se olvida que el ciudadano de a pié no cuenta con los recursos, ni las prerrogativas, ni los conocimientos técnicos para desarrollar estas tareas de burocracia, papeleo y formalismos procedimentales sin que le represente una pesada carga y un desvío de sus actividades cotidianas y, cuanto más, del tiempo que dedica a representar a sus vecinos o realizar tareas en pro de su comunidad.

En todo este año, y aún antes, a partir de la emisión de la convocatoria para integrar fórmulas (planillas), hemos acumulado una gran cantidad de papeles, actas circunstanciadas y un sinfín de documentos necesarios para validar una función que podemos realizar sin mayor requisito que el ejercicio de los derechos que nos concede la Carta Magna.

Cada modalidad de la participación, o más bien dicho, de la representación, se ve obligada a ir acompañada de actas, firmas y copias para ser llevadas e ingresadas a la Junta Distrital del IEDF, así se trate de una convocatoria a junta, una toma de decisiones, la toma de una responsabilidad, etc.

De verdad que no pocos son los Comités que están omitiendo el cumplimiento puntual con los procedimientos que señala la Ley. No se puede, a menos que se cuente con gente de tiempo completo, una asesoría especializada o un apoyo financiero, lo que pone en duda el interés de nuestros representantes.
Una participación orientada por el conocimiento técnico informado que permita emitir opiniones fundamentadas y válidas sobre los temas que interesan a la sociedad requiere desenmarañar el enredo burocrático que obliga a los Comités, en pro de un tiempo mejor aprovechado y sustancial para el beneficio de nuestro entorno y la construcción de verdadera ciudadanía.

Definición antes que todo
Volvemos a mencionar el hecho de que la Ley privilegia el sentido de representación antes que el aliento de la participación que involucre a cada vez más ciudadanos, por el hecho de acotar las prerrogativas a una estructura cerrada que determina funciones muchas veces por encima de la naturaleza organizativa de las comunidades. Este concepto de “participación” inicia por excluir al ciudadano que no se registra, aquel que no desea seguir los procesos burocráticos o que se anima a una participación circunstancial, o que guía a sus vecinos de forma espontánea en un deseo de participar ante casos de contingencias, abusos de autoridad, solicitudes de servicios, planteamiento de necesidades, etc.

Como dijimos anteriormente, la participación y organización social está protegida como derecho constitucional, así que cualquier traslación de la misma en términos de ley o reglamento debe necesariamente apelar al concepto amplio y universal de este derecho. Por eso, la concepción de participación manejada en la Ley de Participación actual nos empuja a perdernos en la confusión de un laberinto peligroso. ¿Hasta dónde se obliga a las autoridades a atender la participación? ¿Cómo establecer prioridades en las decisiones sin afectar los derechos de todos, eso es, de todos los ciudadanos? ¿Es que acaso adquieren autoridad sobre sus vecinos quienes sí se han registrado para participar? Todo esto a riesgo de contravenir derechos fundamentales que están por encima de leyes locales.

Sumado a lo anterior, resulta preocupante la adjudicación de atribuciones que en sus discursos se sueltan otorgando las autoridades a los Comités, como el hecho de nombrarlos “el cuarto nivel de gobierno”, “ojos y oídos de los gobernantes en las zonas territoriales” y varias adjetivaciones más que no encuentran sustento en la ley misma, y que, a menos que sólo sean una forma fácil y complaciente de congraciarse con una parte del electorado, nos hablan de una voluntaria e interesada ignorancia y distorsión sobre lo que es y debe significar realmente la participación ciudadana y que nos enreda más en el laberinto.

Cartografía y realidad social
Es necesario recordar también que esta representación, desde su inicio, se ubicó en un laberinto al determinar fronteras territoriales que en muchos casos no correspondieron a la conformación física de comunidades consolidadas o identificadas. Surgió entonces una lucha de identidades en contraposición: o soy de esta cuadra, o soy de esta manzana, o no correspondo a la barranca, o no tengo nada que ver con los de enfrente, etc.

La cartografía se basó en distritos electorales y en sumar un número conveniente de votantes, mas sólo en contados casos fue fiel a la dinámica de las redes comunitarias locales que influyen en una organización espontánea, libre y enriquecedora de la integración social. De origen, esta cartografía puso un coto a la participación que se alienta sobre todo por la experiencia e historia compartidas, la identificación de intereses y el trabajo colectivo con fines comunes.

La misma obligación burocrática legitimadora no dio espacio para que las comunidades se manifestaran al respecto porque, por las premuras para cumplir con los términos de la ley en aquel momento, se contó con sólo cuatro días para la integración y presentación de inconformidades, así que muchos ahora estamos representados precisamente por individuos que trasgreden la ley en contra de los intereses de los habitantes de nuestra colonia, o por personas con una realidad que me es ajena ante mis vecinos más próximos. O bien, tuvimos también que separarnos de quienes ya teníamos un camino común de entendimiento y resolución de problemas.

Quedan por describir otras estaciones más del laberinto en que nos encontramos los Comités Ciudadanos como instancia representativa, y el total del esquema de participación que opera actualmente, para saber si avanzamos o simplemente seguimos una inercia que poco puede contribuir a la conformación de una ciudadanía activa en el entorno democrático de nuestra ciudad.