martes, 17 de mayo de 2011

Páginas electrónicas y debates pendientes

El miércoles 11 de mayo periódicos locales expusieron de forma muy clara cómo el sitio de internet del Gobierno del Distrito Federal publicaba los nombres y direcciones de todos los integrantes de los mil 700 comités ciudadanos. Estamos hablando de los datos personales de casi 12 mil habitantes que tienen función de representantes ciudadanos a través de las figuras de representación por zonas habitacionales llamadas comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Desconozco desde cuando se encontraba dicha lista, pero a las 10 de la mañana de ese día, apenas leía la nota, ya se había retirado esta información del sitio.

El motivo sin duda fue una apresurada reconsideración provocada muy probablemente por la acción inmediata que emprendieron algunos miembros de estos comités al presentar una queja a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violación a la Ley de Protección de Datos Personales.

Según lo dio a conocer la prensa al día siguiente, el argumento de estos vecinos se sustentaba sobre todo en las consecuencias que una exposición tan pública podría acarrear a su seguridad e integridad en virtud de haber denunciado a infractores de quienes temen represalias.

En efecto, se trató de una decisión arbitraria que involucra el manejo fuera de lugar de unos datos considerados privados para lo fines públicos en los que fueron desplegados.

Esta motivación fundada destaca como el agravio más sentido, y es lo que a primera vista resulta evidente, superficial y perjudicial de una acción de este tipo. Pero desde una lectura más profunda, a partir de las definiciones mismas de lo que significa la participación ciudadana y su concepto amplio dentro de una democracia, este hecho nos remite a debates aún pendientes en el tema.

Definición conceptual
¿Por qué tiene el gobierno de la ciudad el impulso de publicar los datos personales de quienes forman parte de un comité ciudadano? En la propia definición y conceptualización de la participación ciudadana está la distancia remota que debe existir, en cuanto a pertenencia y ubicación, orientación y fines, entre los comités de referencia y las instancias de gobierno.

Ambos se definen por funciones y terrenos de acción propios. Para nada encontramos relación entre ciudadanos que deciden involucrarse en tareas públicas por el bien de su comunidad o porque desean expresar su sentir sobre diversos temas que les atañen, y la divulgación de las atribuciones, programas y resultados de un gobierno.

Aquí tenemos el primer punto de reflexión. En ningún momento la participación debe ser un apéndice del gobierno o de grupos dentro del gobierno. Quien tomó la decisión de subir a la página la información, es probable que no haya discernido jamás la diferencia y distancia que media entre una y otros, por más que el desempeño de ambos incidan en la vida pública y el devenir de esta ciudad, como es el caso.

Se trata de dos instancias cuya vocación es o debiera ser complementaria en una democracia madura y desarrollada, y sobre todo, hasta cierto punto permanecer distantes, porque los grupos ciudadanos que se expresan y se manifiestan no tienen porqué ubicarse en las estructuras formales o virtuales de los gobiernos, por más que sepamos todos que muchos de estos comités son verdaderos enclaves de operación política, creados por intereses dentro y fuera del gobierno que responden de forma orgánica a fines clientelares electorales, como resultado –ni modo- de los vicios que arrastramos en nuestra vida cívica.

Porque desde el campo de lo deseable y funcional, una participación ciudadana, aunque sea bajo figuras tan controlables como los comités, debe servir para aumentar la eficiencia del gobierno, contribuir a orientarlo hacia las necesidades cambiantes y crecientes de la sociedad y sobre todo, para integrar la voluntad, creatividad y anhelos de los ciudadanos en programas públicos.

De ahí la necesaria distancia y la independencia obligada sin la cual no es posible un diálogo constructivo y transformador. Porque lo contrario es mera simulación.

En este sentido, ni somos órgano de gobierno (aunque el jefe de gobierno haya repetido que somos “un cuarto nivel de gobierno”, cosa que nos tendrá que aclarar porque no logramos empatar esa definición con ninguna disposición legal), ni pertenecemos a estructura alguna que nos comprometa o nos obligue con responsabilidades de gobierno. Repito, el hecho de moldear la participación ciudadana y encorsetarla dentro de comités surgidos por elección, no es ni debiera ser la forma en que se modula y alienta la participación de la ciudadanía.

Pero el asunto aquí es otro. Ha quedado demostrado, con esta atribución que consistió en subir a la página del Gobierno del DF los datos de los miembros de comités, que aún les falta mucho a los entes públicos para aclararse lo que es, debe ser y para lo que tiene que servir la inclusión de la ciudadanía, organizada o individual, en la vida pública.

Público versus privado
Otro punto importante de debate es, como suele pasar en estos casos, descifrar la distancia correcta entre lo público y lo privado. La representación ciudadana que ostentamos nos obliga a una función de responsabilidad ante nuestros vecinos, esto es una función por naturaleza pública, de ahí que el hecho contundente de mostrar la dirección de cada uno de los casi 12 mil representantes señala una necesidad de referenciar el lugar en que tenemos que responder a la inquietud ciudadana por ubicarnos.

Hablamos de los ciudadanos de quienes nos surge el nombre de sus representantes (que no la representatividad real, partiendo de la bajísima presencia en las elecciones). Sin embargo, no gozamos de prerrogativas ni de atribuciones, ni mucho menos de recursos materiales o legales para resolver la forma de enfrentar dicha responsabilidad a partir de un lugar físico.

De ahí que los datos de nuestra residencia se presenten como una posibilidad de contacto con el ciudadano, lo que no hace, como dijimos en los primeros párrafos, que nuestros datos personales tengan que pasar necesariamente a ser públicos y publicables, y que se obvien garantías de ley. Como vemos, el debate es por demás urgente.

Ley insuficiente
Del punto anterior derivamos a un tercer asunto, más no el último, pendiente y debatible aún: una Ley de Participación Ciudadana insuficiente que siempre estuvo claro cómo fue discutida y decidida en todo momento desde la óptica política y bajo acuerdos entre poderes, y muy poco con la mira de resolver el sentido de esta manifestación tan necesaria para nuestra democracia en construcción.

Tal como está la Ley en sus apartados sobre comités y consejos, elecciones y formación, hace muy poco para auxiliar a los integrantes de los comités a clarificar los límites y modalidades de la función que asumen. Tampoco obliga a grandes cambios a la administración pública, sea delegacional o del Distrito Federal. En ningún caso se señalan competencias irrenunciables y atribuciones obligadas.

O bien, las medidas correctivas en caso de fallas. En este ordenamiento se plantea de forma difusa la responsabilidad que nos deben a la sociedad los entes públicos para hacer de la participación ciudadana un espacio creativo y progresivo en la democracia.

Gracias a estas y otras grandes y persistentes lagunas en la Ley es seguramente por lo que los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal no tienen claro aún qué somos como representantes ciudadanos, para qué estamos y hacia dónde apunta la acción de los comités ciudadanos, los consejos de los pueblos y los consejos ciudadanos delegacionales, al grado de que se encuentran tan perdidos que no logran distinguir la frontera entre gobierno y sociedad, de ahí que no hayan podido reconocer lo que les compete publicar o no en su sitio internet.

sábado, 7 de mayo de 2011

Comités ciudadanos y rendición de cuentas

Los comités ciudadanos surgen para encuadrar la participación de los habitantes de la ciudad de México en figuras de representación, si bien estas figuras no pueden agotar en sí mismas y bajo ningún supuesto todas las manifestaciones de voz y acción que los ciudadanos deciden realizar en el espacio púbico urbano de la ciudad, de los barrios, pueblos o colonias donde habitan, en virtud de los ordenamientos superiores que protegen el derecho de todo ciudadano a la libre expresión y participación, y los que se refieren a la obligación de todo gobernante y servidor público de atender dichas voces y peticiones provenientes de la ciudadanía, sin necesidad de que éstas estén en figuras formales como los comités formados en el 2010 bajo la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Esta Ley es la que pretende ordenar el proceder de dichos comités, sin embargo, es lamentable que cuente con grandes lagunas para delimitar y normar la actuación de sus integrantes, pero sobre todo, para exigirles cuentas.

Partimos del hecho de que una gran dolencia de nuestra estructura jurídica y democrática radica en la falta de canales eficaces, expeditos y cabales para la rendición de cuentas. Aún contando con las figura de la auditoría, las contralorías, la fiscalía para servidores públicos y los tribunales en la materia, en la práctica y ante la opinión pública vemos constantemente señales de irresponsabilidad ante hechos que afectan diversos renglones de la vida de la nación. Se abre un boquete en la calle, se inundan zonas enteras, sucumben individuos ante la turba de linchadores, y en todos estos casos y en muchos más parece que se diluye la responsabilidad. Los medios de comunicación nos han mostrado muchas veces cómo gobernadores, miembros de partidos y funcionarios de diferentes niveles de gobierno se alían entre ellos o con terceros para torcer el mandato constitucional más allá de sus facultades y potestades. En otras palabras, abusos de poder flagrantes sin que nada ni nadie los detenga. Tan es así que una vez conocida la desviación, vemos cómo continúan en el poder en otros ámbitos o cargos.

Por desgracia este mismo esquema se ha replicado ahora en los órganos de representación ciudadana, como los llama la Ley, con el agravante de que sus actos fuera de norma están inmersos directamente en el tejido social más próximo territorialmente, nuestra zona habitacional.

En este espacio hemos venido mencionando cómo la elección de octubre del año pasado permitió que algunas colonias, barrios o pueblos vieran surgir grupos de poder que se disputan el lucro con la vía pública o como intermediarios de permisos de usos de suelo, por decir lo menos, dispuestos a luchar por la representación formal, y reconocida ante las autoridades, del territorio que controlan. Ahora nos estamos enterando que en gran cantidad de unidades habitacionales, deterioradas en su seguridad por fuerzas de control y usufructo de los espacios comunes, son al momento quienes detentan esta representación formal.

Una lástima, y un gran riesgo que no corren las colonias donde afortunadamente la elección les dio el lugar a grupos de reconocido trabajo y disposición permanente al bien común.

Pero todos, buenos o malos representantes, ostentan ante la ciudadanía y ante los gobernantes una representación que puede incidir de forma sustancial en el diario acontecer de las zonas habitacionales y que determina en gran medida la solvencia de las acciones en pro de las mismas.

Cierto es que las facultades de los representantes ciudadanos están claramente expuestas en la Ley respectiva, pero no debemos olvidar que cualquier cargo o función debe expresar frente a sus derechos, una serie de obligaciones bien delimitadas para reducir tentaciones de excesos. Sin embargo, la Ley no es exhaustiva en este renglón tal vez porque, como dijimos ya, en nuestra vida política no es ésa la principal virtud, sino todo lo contrario.

Una pregunta muy pertinente para los habitantes de esta metrópoli es y debiera ser: ¿sabes quién te representa? ¿Sabes quién habla en tu nombre y se arroga derechos sobre tu colonia? Recordemos que la elección aludida no contó con el suficiente conocimiento por parte de la ciudadanía lo que se tradujo en un nivel bajo de votación.

Pues estos representantes, por cierto, no tienen otra obligación hacia ti que la realización de unas asambleas ciudadanas cada tres meses (habría que ver cuántos comités han cumplido) que pueden ser manipuladas, malamente convocadas, malamente conducidas. Y si por ahí existe algún ciudadano que desee manifestarse o poner una queja, ni a dónde ir, porque no está contemplado en procedimientos claros por esta Ley de Participación.

¿Te han llamado ya para elegir a tu representante de manzana? ¿Cumple éste con lo que dice la Ley, de ser una persona con reconocimiento por sus pares (que no mero conocimiento) en cuanto a honorabilidad y trabajo positivo como vecino?

¿Existe en tu colonia, junto a la figura de comité ciudadano, un comité de vigilancia que pueda ser un contrapeso a la acción del primero?

Cuesta ser ciudadano, ¿no?

Ahora bien, recordemos que los comités se formaron bajo un esquema de proporción entre las primeras cuatro planillas de mayor votación obtenida en la contienda. Y aquí si soy muy directa, sólo a una mente ilusa pudo ocurrírsele que una vez pasada la etapa de elecciones los grupos que se vieron enfrentados y confrontados dejarían atrás, así, sin más y por obra y gracia de la buena voluntad, cualquier discrepancia o hasta agravios del reciente pasado o hasta del pasado remoto. Todo lo contrario, su principio de otorgar la representación de las diferentes zonas habitacionales a partir de la creación de planillas y el necesario paso por el voto, no hace sino replicar también otro vicio de nuestra cultura política, la polarización y la falta de acuerdos. Nada de que ahora sí muy amiguitos, si de lo que se trataba era de batir al otro, al contrario. Sobre todo cuando de por medio está el encontrarle beneficios personales a dicha posición, siendo el enlace con quienes manejan el presupuesto, o actuando como los operadores territoriales de quienes pretenden manejarlo en la siguiente elección constitucional.

También corresponde a mentes ilusas, o bien, con poca capacidad de análisis, suponer que por el hecho de ser ciudadanos, movernos en el espacio de la representación ciudadana, nos encontramos en algo así como un limbo de inocencia y bondad; que somos ajenos a los vicios del poder político y que por ningún motivo ha de existir la necesaria rendición de cuentas claras, precisas y transparentes, con instancias capaces de poner límites o procesar las desviaciones. Deveras, la Ley no las estipula; pareciera que uno de sus principios les habla de ciudadanos igual a angelitos.

Para referirnos a lo existente, advertimos que la Ley de Participación Ciudadana establece en sus Artículos 101 y 212 que cualquier controversia es necesario resolverla en primera instancia al interior del comité ciudadano. Pero, qué pasa si el comité es opaco, nadie sabe dónde se reúne, algunos ciudadanos ni conocen quiénes son los integrantes del mismo o tampoco ha convocado a asamblea ciudadana. O bien, cuando precisamente los diferentes grupos que lo forman se hallan encontrados y opuestos en sus visiones y acciones y por eso quienes detentan la coordinación del comité (la planilla ganadora) hace todos los esfuerzos necesarios por no incluir precisamente a los integrantes que provienen de las otras planillas contrincantes. O ¿a poco ustedes creen que un comité con claros intereses de poder (versus democracia) estará dispuesto a atender, escuchar y alentar la crítica, llamado de atención o cuestionamientos que le haga un ciudadano si ésta se opone a sus pretensiones? Ni modo, nuestra cultura cívica históricamente nos ha enseñado que, o estás conmigo, o estás contra mí; fuera la disidencia, fuera la divergencia, no podemos integrar los contrarios; ni siquiera somos capaces de sobrellevar un diálogo y, con mucho, desconocemos los pasos a seguir para sacarle provecho a un debate. Otra vez se nos muestra la mano de esta mente ilusa que gestó una Ley llena de lagunas en cuanto a rendición de cuentas.

Aquí mismo se dice que las discrepancias al interior del comité serán resueltas en segunda instancia (suponiendo que ya no hubo ni manera de hablar dentro o con el comité) por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Pero, ¿en qué momento se vuelve ésta la segunda instancia? No se nos dice, no hay manera de determinar un fallo en la tal primera instancia porque ¿cuándo se da éste? Seguimos sumergidos en un pantano de voluntarismos interesados, que por el hecho de ser ciudadanos no nos eximen de padecer los vicios de nuestra cultura democrática y falta de civismo para procesar nuevos espacios de trabajo y participación, los que, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, son erráticos, pero eso sí, muy precisos para reproducir ancestrales dolencias que nos anclan a un atraso mayúsculo en nuestra vida política.

Antes de terminar, quiero manifestar igualmente mi asombro por lo que la Ley establece para evaluar (que no llamar a cuentas) a los comités. Se trata de levantar encuestas de opinión con la ayuda de la comisión de vigilancia y el personal que para ello disponga el Instituto Electoral del Distrito Federal, bajo un Programa Anual de Evaluación del Desempeño (¿?). Y más asombroso aún es que la asignación del Presupuesto Participativo “se basará en las evaluaciones de desempeño de los Comités que realice el Instituto Electoral”, según lo señala el Artículo 202, esto hace ver, a menos que se aclare, que se omiten los principios de equidad y legalidad en el uso de los recursos públicos.