Páginas electrónicas y debates pendientes

El miércoles 11 de mayo periódicos locales expusieron de forma muy clara cómo el sitio de internet del Gobierno del Distrito Federal publicaba los nombres y direcciones de todos los integrantes de los mil 700 comités ciudadanos. Estamos hablando de los datos personales de casi 12 mil habitantes que tienen función de representantes ciudadanos a través de las figuras de representación por zonas habitacionales llamadas comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

Desconozco desde cuando se encontraba dicha lista, pero a las 10 de la mañana de ese día, apenas leía la nota, ya se había retirado esta información del sitio.

El motivo sin duda fue una apresurada reconsideración provocada muy probablemente por la acción inmediata que emprendieron algunos miembros de estos comités al presentar una queja a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violación a la Ley de Protección de Datos Personales.

Según lo dio a conocer la prensa al día siguiente, el argumento de estos vecinos se sustentaba sobre todo en las consecuencias que una exposición tan pública podría acarrear a su seguridad e integridad en virtud de haber denunciado a infractores de quienes temen represalias.

En efecto, se trató de una decisión arbitraria que involucra el manejo fuera de lugar de unos datos considerados privados para lo fines públicos en los que fueron desplegados.

Esta motivación fundada destaca como el agravio más sentido, y es lo que a primera vista resulta evidente, superficial y perjudicial de una acción de este tipo. Pero desde una lectura más profunda, a partir de las definiciones mismas de lo que significa la participación ciudadana y su concepto amplio dentro de una democracia, este hecho nos remite a debates aún pendientes en el tema.

Definición conceptual
¿Por qué tiene el gobierno de la ciudad el impulso de publicar los datos personales de quienes forman parte de un comité ciudadano? En la propia definición y conceptualización de la participación ciudadana está la distancia remota que debe existir, en cuanto a pertenencia y ubicación, orientación y fines, entre los comités de referencia y las instancias de gobierno.

Ambos se definen por funciones y terrenos de acción propios. Para nada encontramos relación entre ciudadanos que deciden involucrarse en tareas públicas por el bien de su comunidad o porque desean expresar su sentir sobre diversos temas que les atañen, y la divulgación de las atribuciones, programas y resultados de un gobierno.

Aquí tenemos el primer punto de reflexión. En ningún momento la participación debe ser un apéndice del gobierno o de grupos dentro del gobierno. Quien tomó la decisión de subir a la página la información, es probable que no haya discernido jamás la diferencia y distancia que media entre una y otros, por más que el desempeño de ambos incidan en la vida pública y el devenir de esta ciudad, como es el caso.

Se trata de dos instancias cuya vocación es o debiera ser complementaria en una democracia madura y desarrollada, y sobre todo, hasta cierto punto permanecer distantes, porque los grupos ciudadanos que se expresan y se manifiestan no tienen porqué ubicarse en las estructuras formales o virtuales de los gobiernos, por más que sepamos todos que muchos de estos comités son verdaderos enclaves de operación política, creados por intereses dentro y fuera del gobierno que responden de forma orgánica a fines clientelares electorales, como resultado –ni modo- de los vicios que arrastramos en nuestra vida cívica.

Porque desde el campo de lo deseable y funcional, una participación ciudadana, aunque sea bajo figuras tan controlables como los comités, debe servir para aumentar la eficiencia del gobierno, contribuir a orientarlo hacia las necesidades cambiantes y crecientes de la sociedad y sobre todo, para integrar la voluntad, creatividad y anhelos de los ciudadanos en programas públicos.

De ahí la necesaria distancia y la independencia obligada sin la cual no es posible un diálogo constructivo y transformador. Porque lo contrario es mera simulación.

En este sentido, ni somos órgano de gobierno (aunque el jefe de gobierno haya repetido que somos “un cuarto nivel de gobierno”, cosa que nos tendrá que aclarar porque no logramos empatar esa definición con ninguna disposición legal), ni pertenecemos a estructura alguna que nos comprometa o nos obligue con responsabilidades de gobierno. Repito, el hecho de moldear la participación ciudadana y encorsetarla dentro de comités surgidos por elección, no es ni debiera ser la forma en que se modula y alienta la participación de la ciudadanía.

Pero el asunto aquí es otro. Ha quedado demostrado, con esta atribución que consistió en subir a la página del Gobierno del DF los datos de los miembros de comités, que aún les falta mucho a los entes públicos para aclararse lo que es, debe ser y para lo que tiene que servir la inclusión de la ciudadanía, organizada o individual, en la vida pública.

Público versus privado
Otro punto importante de debate es, como suele pasar en estos casos, descifrar la distancia correcta entre lo público y lo privado. La representación ciudadana que ostentamos nos obliga a una función de responsabilidad ante nuestros vecinos, esto es una función por naturaleza pública, de ahí que el hecho contundente de mostrar la dirección de cada uno de los casi 12 mil representantes señala una necesidad de referenciar el lugar en que tenemos que responder a la inquietud ciudadana por ubicarnos.

Hablamos de los ciudadanos de quienes nos surge el nombre de sus representantes (que no la representatividad real, partiendo de la bajísima presencia en las elecciones). Sin embargo, no gozamos de prerrogativas ni de atribuciones, ni mucho menos de recursos materiales o legales para resolver la forma de enfrentar dicha responsabilidad a partir de un lugar físico.

De ahí que los datos de nuestra residencia se presenten como una posibilidad de contacto con el ciudadano, lo que no hace, como dijimos en los primeros párrafos, que nuestros datos personales tengan que pasar necesariamente a ser públicos y publicables, y que se obvien garantías de ley. Como vemos, el debate es por demás urgente.

Ley insuficiente
Del punto anterior derivamos a un tercer asunto, más no el último, pendiente y debatible aún: una Ley de Participación Ciudadana insuficiente que siempre estuvo claro cómo fue discutida y decidida en todo momento desde la óptica política y bajo acuerdos entre poderes, y muy poco con la mira de resolver el sentido de esta manifestación tan necesaria para nuestra democracia en construcción.

Tal como está la Ley en sus apartados sobre comités y consejos, elecciones y formación, hace muy poco para auxiliar a los integrantes de los comités a clarificar los límites y modalidades de la función que asumen. Tampoco obliga a grandes cambios a la administración pública, sea delegacional o del Distrito Federal. En ningún caso se señalan competencias irrenunciables y atribuciones obligadas.

O bien, las medidas correctivas en caso de fallas. En este ordenamiento se plantea de forma difusa la responsabilidad que nos deben a la sociedad los entes públicos para hacer de la participación ciudadana un espacio creativo y progresivo en la democracia.

Gracias a estas y otras grandes y persistentes lagunas en la Ley es seguramente por lo que los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal no tienen claro aún qué somos como representantes ciudadanos, para qué estamos y hacia dónde apunta la acción de los comités ciudadanos, los consejos de los pueblos y los consejos ciudadanos delegacionales, al grado de que se encuentran tan perdidos que no logran distinguir la frontera entre gobierno y sociedad, de ahí que no hayan podido reconocer lo que les compete publicar o no en su sitio internet.