Ciudadanía y capacitación

A todos nos queda claro que al arribar a una nueva función mucho ayuda el ponernos en contacto con la información adecuada que nos permita un eficaz desempeño y la toma de decisiones acertadas.

En el ejercicio de la ciudadanía esto es por demás valioso, sobre todo al reconocer que en nuestra educación formal escasean herramientas para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Basta preguntar en nuestro alrededor para confirmar cuan pocos adultos pueden explicar qué hace un diputado, qué Artículo de la Constitución protege el derecho a la libertad de expresión o si alguna vez han utilizado las garantías de acceso a la información pública.

Por eso es de destacar que la tarea que nos corresponde a los Comités Ciudadanos esté apoyada en la capacitación sistemática y que dicho aspecto se contemple en la Ley de Participación respectiva.

Sin embargo, no se debe asumir que este esfuerzo sea exclusivamente para quienes al momento formamos parte de un Comité. Primero porque el ejercicio de la ciudadanía corresponde a todos los ciudadanos, no es exclusiva de quienes nos apuntamos y fuimos electos. Como lo he venido diciendo, me opongo a que la naturaleza de la participación ciudadana sea tergiversada y se conciba en función de una representatividad que otorga derechos de voz y voto, de audiencia y de réplica a unos ciudadanos por encima de los derechos de participación directa del resto de la comunidad.

En segundo lugar, porque el tiempo de dicha representación es finito y al término de estos tres años, los ciudadanos ya capacitados, que además por ley no pueden volver a ejercer la función, pasarán la estafeta a otros ciudadanos que se encuentren probablemente en el nivel cero de conocimiento. ¿Dónde queda entonces la formación para la ciudadanía, aspecto que debe ser acumulativo para contar cada vez con mejores generaciones de ciudadanos?

En tercer lugar, es imprescindible reconocer que todos los ciudadanos de una comunidad son copartícipes en el desempeño de los comités, por un lado, porque la Ley contempla instancias de apoyo, como las comisiones de trabajo en temas diversos y la comisión de vigilancia, en las que se pretende que el resto de los habitantes de la colonia o pueblo participen de forma directa y, de manera un tanto indirecta, porque en un esquema de participación ciudadana democrática, todos debemos asumirnos como sujetos activos, críticos y vigilantes del quehacer público y para ello requerimos conocimientos.

Me permito apuntar un cuarto argumento cuya discusión da para mucho espacio más y sería interesante que se tocara en el debate sobre la participación que estamos llevando a cabo con los comités. Si pretendemos un desarrollo suficiente de nuestra democracia, es necesario promover el acceso a la información procedente del gobierno en condiciones de igualdad, equidad y oportunidad para todos los ciudadanos. Mi opinión es que la forma en que fue concebida la

función de capacitación para los comités perpetúa el difícil acceso a la formación de ciudadanía, reproduce la ignorancia general frente al tema de participación y continúa favoreciendo la sujeción del que sabe frente al que no sabe.

Aún así, es de apreciar que el Instituto Electoral del Distrito Federal, responsable por ley de la capacitación, está impartiendo los cursos de manera presencial y en línea, aunque muchos asistentes consideramos que la calidad y el nivel que otorgan no es del todo satisfactorio, sobre todo porque la realidad está con mucho superando las prescripciones sobre el tema.

Sin embargo, otras instancias de gobierno se han sumado a esta labor, pero lamentablemente diseñaron pedagogías sin reconocer la edad que tenemos ni las actividades productivas que necesitamos desempeñar. Desconocen que quienes ejercemos la representación vecinal con estricto apego a la categoría de participación ciudadana, no vivimos de este menester.

En este renglón está la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, la que además de no permitir siquiera el acceso a los materiales, exige la firma de un reglamento y la toma de protesta (que no alcancé a saber con qué fin) para asistir a los cursos. Tuve a bien acercarme sólo un momento a uno de ellos por razones de tiempo y, aparte de constatar lo ya dicho, me resultó alarmante los conceptos que de la participación asumen como válidos, y más alarmante aún que bajo estas concepciones equívocas se plantee un temario de trabajo. Por supuesto, las condiciones de equidad en la oportunidad del conocimiento no pueden ser aplicadas por esta escuela, ya que ha ofertado a los participantes en su Diplomado un “apoyo económico formativo” consistente en la entrega de dos mil cuatrocientos pesos en total, distribuidos en dos periodos durante el año 2011.

Como vemos, una vez más, estamos perdiendo la oportunidad de un crecimiento ciudadano a fondo ayudado por una capacitación abierta, flexible, extendida, basada en el principio de creación de conocimiento y no en la instrucción dirigida, cerrada, tutelada e interesada. Lástima, por la erogación de recursos públicos que significa el esfuerzo.