Crónica de una suspensión anunciada

Como advertimos la semana pasada, la consulta ciudadana programada para el pasado domingo 28 de agosto, que habría de realizarse en apego a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 84, fue pospuesta una vez más, en el último minuto de la última hora.

Con esta suspensión ya esperada se reitera cómo los acontecimientos superan la disposición y el ánimo de la autoridad para responder a los ciudadanos, y observamos que los hechos continúan marcando un sino voluntarioso a las disposiciones que tienen que ver con la participación ciudadana. Así también, se muestra cuanta confusión y desinformación existe por parte de todas las instancias que, desde el gobierno y la misma ciudadanía, hemos de conformar un espacio de relación gobierno sociedad.

Veamos qué pasó.

En la semana del 15 al 19 de agosto, los Consejos Ciudadanos de ocho demarcaciones se acercaron a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa para expresarle su desconcierto acerca de la realización de una “nueva” consulta, y el poco tiempo que se tenía para participar en ella, debido a la serie de protocolos y requisitos a cumplir antes del día señalado. Así también, argüían el hecho de que los proyectos puestos a consulta en marzo pasado, no se habían concretado, por lo que les resultaba incongruente convocar a los vecinos otra vez a las urnas.

En efecto, pese a que la convocatoria para la consulta señalada en el inciso a) del artículo 84 de la ley fue emitida desde el día 16 de mayo, no es sino hasta el 27 de julio que se da a conocer la logística para su implementación a través del Acuerdo que, desde el gobierno, fue publicado para ese fin.

Esta nueva disposición presentó una serie engorrosa de mecanismos para dar forma y trámite a los proyectos que serían votados el día de la consulta. Esta secuencia va más o menos así: difundir la convocatoria, organizar foros informativos, solicitar a los vecinos que presenten proyectos o ideas, llevarlos a validar a la delegación, hacer una primera selección de proyectos, realizar asambleas del pleno del Comité, asistir a cursos en el IEDF. Y todo esto en medio de llenado de formas y machotes a presentar ante el Instituto Electoral, como prueba de la equidad, la certeza, la imparcialidad y la legalidad requeridas.

Así que muchos comités vieron cuesta arriba cumplimentar este numerito, sumado a que empezaron a recibir cuestionamientos de sus vecinos sobre los resultados tangibles aún pendientes de la consulta anterior.

Muy lejos estuvieron tanto el IEDF como las Delegaciones y los Comités de interpretar el verdadero sentido de esta “nueva” consulta, la que en términos exactos de la Ley se ha de realizar entre los meses de junio y agosto para “definir las acciones prioritarias de atención en las colonias” (inciso a, Art. 84)… a fin de que “sus resultados (de la consulta ciudadana) sean incluidos en los anteproyectos y proyectos de presupuesto de egresos, así como en los programas operativos y programas operativos anuales”, siendo que en ningún momento se menciona lo relativo al presupuesto participativo, razón de ser de la consulta dispuesta para efectuarse entre los meses de enero y febrero. Puesto así, sí se contienen motivos para llevar a cabo dos consultas al año. Sin embargo, y esto será tema de otra entrega, creo que ya ni caso tiene discutir la mala interpretación o el equívoco reinante, ya que ahora simplemente y para evitar confusiones, se le dio mate a una de estas consultas con una nueva modificación a la ley, lo que deja fuera la posibilidad de incluir en los proyectos delegacionales “acciones prioritarias de atención en las colonias”, mediante la opinión de la ciudadanía. Nos hemos de conformar con un único proyecto para incidir en sólo un tres por ciento del presupuesto de egresos (de esta manera se resguarda de la opinión y participación de la ciudadanía el 97 restante).

Volviendo a la Consulta, la idea de posponerla empezó a ser vista como necesaria por los Comités ante la dificultad de movilizarse para emprender todo lo estipulado en sólo dos semanas.

Al mismo tiempo, y buscando atender la demanda de los Comités, la Asamblea Legislativa desplegó en los medios su opinión favorable a una posible suspensión de la Consulta, exhortando a los gobiernos central y de las delegaciones a sumarse a esta decisión mediante un acuerdo. Ello dio pie a la aclaración del Instituto Electoral acerca de no haber acordado nada al respecto con la Asamblea, tal como miembros de ésta ya habían asegurado, y convocaba a que cualquier modificación se realizara de manera legal mediante una modificación a la ley.

Cabe decir que los funcionarios del IEDF expresaron la inconveniencia de posponer este ejercicio, en virtud de la proximidad del calendario electoral que viene a representar para este instituto un renglón importante de sus atribuciones y compromisos.

Así las cosas, nuevamente la premura caracterizó las modificaciones, toda vez que el lunes previo al día previsto, aún no se anunciaba la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el legislativo, asunto que se resolvió hasta el jueves 25, cuando apenas se tenía el dictamen, y se señaló una sesión de los legisladores para el viernes en la mañana y la publicación de las modificaciones ya esperadas en la misma tarde de ese viernes 26.

Uf, cansa mencionar tantas prisas. Aunque en la realidad los ciudadanos no tuvimos porqué ajetrearnos ya que, como está pasando en este ambiente, no fuimos consultados para las modificaciones que se realizaron, más allá de la solicitada por algunos comités de posponer la fecha de consulta y, por enésima vez, solamente asistimos como espectadores.