El esquema de participación ciudadana instituido en la ley respectiva para el Distrito Federal contempla la inclusión de asociaciones civiles, consideradas Organizaciones Ciudadanas para los fines y motivos de la misma, y establece como instrumentos de participación a estas personas morales sin fines de lucro a través de las cuales la ciudadanía ha de ejercer colectivamente su derecho a la participación.
Paralelo al proceso de elecciones de comités del año pasado, el Instituto Electoral del Distrito Federal emitió la convocatoria para que aquellas asociaciones cuyo ámbito de acción estuviera vinculado con una colonia del Distrito Federal pudieran registrarse y formar, junto con los comités, el Consejo Ciudadano Delegacional.
Como todos sabemos, la participación ciudadana se manifiesta y se materializa en el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales, y es a través de la organización espontánea o formal que la ciudadanía encuentra un canal para la expresión de sus necesidades, la consecución de objetivos colectivos, la gestión de sus problemáticas o la búsqueda de respuestas a demandas concretas ante las autoridades.
La organización ciudadana por colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales o fraccionamientos no es nueva, ha existido siempre como opción natural en las comunidades. Por un lado, es a través de la asociación que los habitantes de muchas comunidades territoriales logran instituir una forma de representación y de organización para resolver tareas en conjunto, cuando no, demandas concretas como son la gestión y administración de zonas comunes o bien la misma representación de sus asociados. También tenemos que muchas asociaciones civiles encuentran en la territorialidad una forma de dar cuerpo a su acción social. De ahí que resultaría contrario al derecho y a la lógica no contemplar las organizaciones propias de las unidades territoriales en el esquema previsto de participación ciudadana.
La Ley De Participación concretó esta inclusión –aunque parcial- a través de requisitos muy puntuales establecidos en el capítulo XI y mediante una convocatoria se abrió un registro a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal, de modo de contar con un aval para formar parte del Consejo Ciudadano que se forma con los comités de las colonias por delegación, los consejos de los pueblos, las autoridades tradicionales de los pueblos y las organizaciones ciudadanas, únicamente cuando éstas últimas han sido debidamente registradas ante el Instituto.
Me he referido a una inclusión parcial que ha dejado fuera la participación ciudadana más legítima, aquella que gira en torno a liderazgos naturales o grupos tradicionales con trabajo constante en su comunidad, con historia de gestión y con un prestigio ganado por su autenticidad al velar por su entorno, porque para ser integrados requerían necesariamente realizar un gasto de escrituración que les diera personalidad jurídica como persona moral, tal como lo exigían las bases de la convocatoria a participar.
Una vez cerrado el registro que dio viabilidad al derecho de las asociaciones formales por participar dentro del nuevo esquema, las reformas a dicha ley de fecha 30 de noviembre de 2010 les quitaron su participación plena asentada en el artículo 78, al volverlos unos convidados de piedra dentro de los Consejos Ciudadanos ya que claramente en el artículo 237 de las reformas se especifica su participación únicamente con voz, sin derecho a voto en estos órganos de participación delegacional.
Hasta aquí tenemos lo que formalmente intenta excluir a la organizaciones naturales de las zonas territoriales, pero sucede en la práctica que ningún funcionario, desde el nivel de jefe de gobierno hasta los mandos inferiores en las delegaciones, ha desplegado hacia estos instrumentos de participación ciudadana, la serie de atenciones, convocatorias, agasajos, convites y hasta armas de seducción política como lo han hecho con los comités electos en el mes de octubre. Aunque sin orden ni concierto, más bien como en una lid política, no pasa una semana, desde el primero de diciembre en que tomaron posesión de sus funciones, sin que los comités sean buscados por algún cargo de gobierno o alguna dependencia (asunto aparte será evaluar si tanta reunión se ha traducido en mejoras concretas para las comunidades).
En entrevistas con funcionarios de todos los niveles, he podido constatar que esta ignorancia hacia las asociaciones civiles ya registradas ante el IEDF se debe en parte a un desconocimiento que, al igual que en otros casos, se está manifestando por el poco entendimiento sobre lo que es o deja de ser la participación ciudadana, lo que lleva a decisiones erráticas y desubicadas, pero eso sí, totalmente interesadas e inteligentemente muy bien aprovechadas.
Recordemos que estamos en tiempos de amplísimo adelanto electoral y por ello desde las corrientes al interior de los partidos hasta los grupos políticos insertados en las estructuras de gobierno, se desviven en actitudes generosas y llenas de demagogia con los comités ciudadanos, no así con las organizaciones ciudadanas, las que no entraron en la competencia electiva ni surgieron bajo remedos de formas clientelares o pragmatismos políticos.
Cabe decir que los directorios de los integrantes de comités, si bien, salieron inmediatamente de la página del gobierno, donde absurdamente se habían dado a conocer, sí están en manos de funcionarios y asambleístas que están haciendo llegar a nuestros domicilios propaganda sobre sus personas.
En los ejercicios previos de elección de representación vecinal, muchas asociaciones –formalizadas o no- eran a su vez los mismos comités que la ley instituía, de modo que el liderazgo natural empataba con el formal. Esta modalidad se repite ahora con la nueva ley en contadas ocasiones. La mayor parte de las veces, asociación natural y elección formal han devenido en un desencuentro entre grupos antagónicos que pugnan por encabezar la representación territorial. Esto sin duda se debe a lo que hemos venido repitiendo en anteriores entregas: la extrema politización de la vida en el barrio.
Y muy probablemente también, esta condición abona para que las organizaciones ciudadanas, con legítima representación a partir de una historia de organización vecinal autónoma y probada acción de trabajo en su comunidad, tal como lo requirió demostrar el Instituto Electoral del Distrito Federal para dar el sí a su registro, no representen botín alguno para la lucha electoral, sumando además que algunas de estas organizaciones, no podemos negarlo, forman parte de otros intereses políticos contrarios a los del partido en el poder, lo que sería darles un espacio favorable, en detrimento de la acción política que se maneja desde la administración.
En este terreno, tendencioso y desde un cierto punto de vista, desventajoso, las asociaciones civiles, AC´s, autónomas, útiles a su comunidad, con trayectoria de trabajo, amplia experiencia, representación legítima y arraigo territorial, son las grandes ausentes en la participación ciudadana, por lo que muchas de ellas están dejando de aportar su granito de arena a la democratización de la vida pública en nuestra ciudad.
Hola Lucía, soy Gerardo del Pedregal de San Francisco, como sabes participé 5 años en la Asoc. de colonos del P. de S.F., estoy de acuerdo contigo pero yo opino que son las propias A.C.S las que tienen la culpa por no participar ya que a muchas les falta organización. Muchas caen el el rollo político y se desvirtúan cuando en la realidad deben concentrarse en el fin por el que fueron creadas. Aspectos tan importantes como SEGURIDAD, USO DE SUELO, MANTENIMIENTO DE LA COLONIA, JARDINERÍA, CONVIVENCIA Y RELACIONES CON LA AUTORIDAD ni siquiera son contemplados por lo que pierden fuerza pudiendo ser hasta mucho mas importantes que las mismas representaciones vecinales a donde llega gente que luego no tiene ni la menor idea de que va a hacer. saludos.
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