Nuevamente el período de consulta ciudadana, marcado por la Ley de Participación Ciudadana, se ha vuelto una cadena de desencuentros entre la Jefatura de Gobierno del DF, la Asamblea Legislativa y el Instituto Electoral local (IEDF). Los otros participantes (coadyuvantes, dice la ley), los gobiernos delegacionales y los mismos comités, simplemente estamos a la expectativa y dispuestos a bailar al son que nos toquen.
Esta es la manera en que se está operando la dichosa participación ciudadana en la ciudad, al contentillo de las autoridades, dejando muy atrás la voluntad, la energía y el compromiso que muchos comités han asumido como una función importante en sus comunidades, conscientes de que su actuación está abriendo brecha en la democratización de las decisiones públicas, aunque algunos estén conscientes que la Ley en sí misma es incompatible en muchos casos con realidades específicas de participación naturales a cada grupo en cuestión.
En esta ocasión, como pasó en la consulta señalada para realizarse entre enero y febrero de este año, y que acabó llevándose a cabo hasta el 27 de marzo, nos hemos montado en el último tramo del período propuesto, de junio a agosto, otra vez bajo presión y con una serie de decisiones pendientes, cuando no, equívocas, dadas bajo una interpretación de la ley que deja muchas dudas entre los participantes.
¿Qué es lo que está pasando? Creo que no hay vecino, miembro de comité, representante de manzana, encargado de una comisión de trabajo e inclusive coordinador interno de comité, que logre entender porqué una consulta ahora, qué es lo que pretende lograrse con ella y cuáles son sus fines. Además de que con un estrecho margen de tiempo hemos acudido a la capacitación que dio el IEDF, asumiendo prisas y carreras para cumplir con los requisitos de realizar una asamblea, reunir información, validarla con los funcionarios de la delegación y otros requerimientos del protocolo burocrático previo a la consulta ya difundida para este próximo domingo 28 de agosto.
Y todo mientras la Asamblea y el Gobierno del DF aún plantean la posibilidad de posponer la fecha. Hoy lunes 22 de agosto está anunciado un encuentro entre ambas partes, con el fin de discutir sobre un período extraordinario de sesiones en la Asamblea que les permita modificar la ley en ese sentido.
Porque hasta el momento, sólo el IEDF se ha involucrado en el trabajo que le corresponde, al informar e instruir a los comités sobre lo que tienen que hacer para convocar a la consulta. De ahí que su postura para la cancelación sea muy clara, debido a que estos cambios repentinos les provocan cuando menos un descontrol en sus programas de trabajo encaminados al inicio del período electoral del próximo año.
Por ello, en el pronunciamiento que los consejeros electorales integrantes de su Comisión de Participación Ciudadana extendieron la semana pasada para rechazar que exista ya un acuerdo entre la ALDF y el IEDF respecto al cambio de fecha, exigen que de darse éste, necesariamente tiene que ser mediante una reforma a la Ley, tal como corresponde, y sugieren “respetuosamente, que se revise el modelo de participación ciudadana de manera integral, para hacerlo compatible con las disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal relacionadas con las elecciones constitucionales”.
Cabe recordar que desde el 16 de mayo del presente año se emitió la Convocatoria para Participar en la Consulta Ciudadana a fin de Definir las Acciones Prioritarias de Atención en las Colonias y Pueblos Originarios, por lo que es inexplicable que a último momento la Asamblea y el Gobierno pretendan un cambio.
Sin embargo, los jaloneos que estamos viendo por el sí o no de la realización de la consulta, son sólo una parte superficial del problema que nos inquieta a los ciudadanos, y más a quienes formamos parte de los comités.
El cuestionamiento principal viene a cuento por el hecho de que gran parte de los proyectos definidos como parte del presupuesto participativo que se decidieron en marzo pasado no se han realizado, dejando hasta el momento sin aplicación este monto de recursos presupuestales. ¿A qué entonces una nueva consulta? Cuesta trabajo responder a ello. Veamos por qué.
En primer lugar, es asombroso que se haya dado un Acuerdo para Determinar los Proyectos Específicos en que habrán de Aplicarse los Recursos Autorizados en Materia de Presupuesto Participativo para el Ejercicio 2012, firmado únicamente por el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el IEDF y los 16 jefes delegacionales, pese a que en dicho documento se dice que las reglas en él contenidas son emitidas igualmente por los Consejos Ciudadanos Delegacionales, los Comités Ciudadano, y los Consejos de los Pueblos. Pues no, los participantes estamos en esto únicamente como espectadores y sujetos pasivos. Hemos de atenernos a los procedimientos señalados desde la autoridad, muchos de los cuales implican un enorme esfuerzo, a veces innecesario, para determinar cuáles son las prioridades de atención en nuestras comunidades. Asimismo, estas normativas dejan fuera la enorme realidad de problemáticas de las colonias, barrios y pueblos, en un afán de direccionar la participación, constreñirla únicamente a rubros genéricos y específicos de un catálogo, y además limitados en número.
Y aquí otro tema por demás importante: la interpretación de la ley en sus artículos referentes al mecanismo de consulta ciudadana, objetivos y maneras. Tenemos por tanto que el artículo 47 del Título Cuarto, referente a los instrumentos de participación ciudadana, define a la consulta como el instrumento por el que “se somete a la consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas foro o algún otro instrumento”, cualquier tema de impacto en los distintos ámbitos territoriales. ¿A qué entonces volver un evento electivo la definición de prioridades de atención en las colonias, cuando la misma ley habla de la posible realización de consultas a través de foros u algún otro instrumento? Bien estaríamos si lleváramos a cabo este ejercicio de consulta a través de una asamblea ciudadana, que diera paso a procesos deliberativos interesantes y que además pudiera servir para la educación democrática de los ciudadanos, aliviando con ello el arduo trabajo que tiene que llevar a cabo el Instituto Electoral y reduciendo también el gasto y la parafernalia que sólo pretenden determinar como problemática algo que en las comunidades está a la vista de todos y que una consulta a manera de elección sólo trae aparejada la confrontación entre vecinos, al privilegiar las propuestas de unos sobre las de otros.
Por otro lado, la ley nos habla de dos tipos de consultas. En el Artículo 84, inciso b) se establece el período de enero a febrero para determinar “la forma en que habrán de aplicarse los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para tal efecto” (presupuesto participativo), acción que ya se llevó a cabo en la consulta anterior del 27 de marzo. Y el inciso a) de este mismo artículo prevé el lapso de junio a agosto para determinar “las acciones prioritarias de atención en las colonias a modo de incluir éstas en los anteproyectos y proyectos de presupuesto de egresos, así como en los programas operativos y programas operativos anuales”.
Tal como está el texto, apunta a una verdadera y efectiva participación ciudadana: influir en el diseño de los proyectos de presupuesto de egresos y en los programas operativos anuales, que son las verdaderas políticas de atención que pueden y deben llevar a cabo los gobiernos delegacionales y de la ciudad, por lo que de esta manera se estaría integrando un programa de trabajo y de gasto con las necesidades básicas de las colonias, por encima de los compromisos particulares del gobernante que cambia cada tres o seis años y que siguen dejando al margen urgentes rezagos en nuestras colonias, barrios y pueblos.
¿Pero qué es lo que ocurre con la manera en que se está aplicando este mecanismo de consulta? Se privilegia exclusivamente la parte concerniente al apartado del presupuesto participativo (inciso b), donde se habla de la injerencia de los ciudadanos únicamente en el tres por ciento del presupuesto anual, que en el caso de Coyoacán correspondió este año a un monto aproximado de alrededor de 370 mil pesos por unidad territorial. Y díganme ustedes ¿qué pasa cuando la prioridad es una red de drenaje para evitar inundaciones o se requiere levantar en su totalidad el pavimento deshecho de una calle y reconstruirla? Ese monto no hace ni rasguños a las necesidades reales. Todo apunta entonces a una simulación de verdadera participación de los ciudadanos.
Porque ¿qué hacemos con dos consultas cuando ambas se destinan a lo mismo? ¿De qué se tratará la que por ley llevaremos a cabo entre enero y febrero de 2012? ¿Volveremos a preguntar lo mismo en ambos períodos? En uno me dirán qué quieren y en el otro les diré, yo gobierno, porqué no se puede hacer lo que con tanto gasto, tiempo, movimientos, convocatorias y desencuentros habían decidido en sus colonias, barrios y pueblos. Así que vayan y díganles a sus vecinos que siempre no.
Así están las cosas, esperamos juntarnos los cinco vecinos de siempre este domingo, si es que no se pospone la consulta.
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