Consulta con intermediarios

Falta de información, suspicacia, procedimientos no definidos y una cada vez más clara participación de las autoridades por encima de sus atribuciones de ley, están haciendo de la consulta pública para determinar el destino del Presupuesto Participativo asignado por colonia, otra más de las grandes desilusiones en los ejercicios de ciudadanía que esperamos los mexicanos.

¿De qué estamos hablando?

Recordemos que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral del Distrito Federal, IEDF, convocó para este domingo 27 de febrero a una consulta pública a fin de que los habitantes de cada colonia o pueblo originario de la ciudad, expresen su opinión sobre el rubro –obra o mejora- al que consideran debe dirigirse el monto que les corresponde del tres por ciento del presupuesto total de su delegación.

Si bien, como ciudadanos desconocemos los criterios o bases que guiaron a la Asamblea Legislativa para determinar como “presupuesto participativo” ese tres por ciento, y no un cuatro o un dos o un 15 por ciento, póngale usted la cifra, lo que nos ocupa ahora es la ligereza y ausencia de rigor para organizar y operar la tal consulta ciudadana.

La representación por colonia a que ha dado lugar la Ley de Participación Ciudadana se encuentra en muchos casos inmersa en un ámbito totalmente politizado, y el tejido social en que opera, lejos de verse fortalecido, se ha afectado por el surgimiento, con puesto oficial, de ciudadanos más ocupados en la acción partidista que en la solidaridad comunitaria, o bien, por la confrontación ineludible al tratarse de elecciones donde necesariamente se opusieron visiones e intereses que no fácilmente han tenido conciliación.

Resulta alarmante entonces que esta consulta no tenga todas sus piezas bien orquestadas, seguras y firmes, cuando faltan apenas seis días para su realización. La

operación y fines de este ejercicio son inciertos para la mayor parte de la ciudadanía, inclusive para algunos integrantes de los mismos comités y consejos de los pueblos, porque hasta el día de hoy no se han ampliado los términos ni la información de la convocatoria del 21 de enero, emitida en periódicos locales.

Pero sobre todo, no se entiende que la ciudadanía, de actor central, esté pasando, a las primeras de cambio, a ser meramente un espectador y nuevamente ocupe un lugar sólo para emitir un voto, cuando precisamente hablamos de participación ciudadana. El concepto habría que aclarárselos a los asambleístas y a los funcionarios y gobernantes.

O tal vez, por este deseo paternalista de orientar al ciudadano, ha surgido en el gobierno local la inquietud de realizar foros previos a la consulta, con la pretensión además de diferir ésta, dando lugar a una más de las inconsistencias con las que se demuestra la premura, improvisación y falta de principios útiles que guían una participación ciudadana bajo estructuras cuestionables.

Pongámonos en duda, porque lo contrario sería advertir a la ciudadanía del control y apropiación de las decisiones que están ejerciendo desde el gobierno de la ciudad y de las delegaciones, cuando no desde los grupos de poder político que siempre actúan electoralmente, para despojarnos, una vez más, y aunque tengamos una ley que en teoría intenta lo contrario, del derecho a vincular nuestra opinión con los programas de gobierno, de la posibilidad de participar del destino de los recursos públicos y vigilar, desde una posición independiente, la actuación de los gobiernos, esos sí, principios sustanciales de una participación realmente ciudadana y sin intermediarios.